Asambleas socioambientales junto a vecinas y vecinos autoconvocados de Córdoba refuerzan medidas de acción directa para frenar la construcción de la autovía de Punilla, una obra fuertemente resistida por el impacto ambiental que generará a lo largo de todo el trayecto.
El recrudecimiento del conflicto se da en el marco de las dilaciones del Poder Judicial, que aún no se expide sobre el amparo ambiental colectivo que se encuentra en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Segunda Nominación.
“Pedimos urgentemente que los jueces ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen, PUIGDELLIBOL, María Soledad y SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo dicten con carácter de urgencia la medida cautelar precautoria para frenar la obra hasta tanto resuelva el fondo del amparo presentado y de este modo evitar el crecimiento del conflicto social en el territorio producto de no estar siendo escuchados y escuchadas”, reclamaron las asambleas de Punilla a través de un comunicado.
Además agregan: “Los ejes de cuestionamiento a la obra son conocidos: el trazado de la autovía afecta cuencas hídricas, zonas de alto valor arqueológico y atraviesa zonas de bosque nativo de máximo nivel de conservación”.
“En el marco de una crisis ambiental, social, cultural y económica que atraviesa el Valle de Punilla, las vecinas y vecinos junto a comunidades indígenas nos venimos manifestando de manera completamente legal, en cumplimiento de nuestros derechos y deberes constitucionales (art38 C.P, art 41 C.N, 75 ins. 17 CN), y de los acuerdos internacionales asumidos como el “Acuerdo de Escazú” (4/3/2018 Costa Rica), así como el Convenio 169 de la OIT”, sostuvieron.
Remarcaron también: “Nuestra voluntad como habitantes de un país democrático siempre ha sido asumir todos los procesos e instancias correspondientes para torcer el curso devastador de la mega obra “Autovía EN Punilla” y hemos activado variedad de recursos que la ley ofrece pero los gobiernos no garantizan:
- Reiterados pedidos de participación e información a los gobiernos locales.
- Exigencias de participación desde el origen del proyecto como establece la ley, al igual que el pedido de transparencia en la información.
- Dos audiencias públicas históricas con un 90% de exposiciones fundamentadas en contra.
- Presentación de recurso de amparo. “Islyma” (exped. 6513191) Cámara Contencioso Administrativo 2da de Córdoba.
- Solicitud de medida cautelar.
- Exigencia de participación y consulta a pueblos originarios.
- Propuestas para resolver la problemática del tránsito con menor impacto y más económicas”.
En ese contexto indicaron: “Todo tiene un límite, y vemos que resguardados tras una maraña de corrupción e indiferencia crece la impunidad propia de un gobierno autoritario, que hace temblar la memoria y ningunea al propio pueblo. Olvidando que el “poder hacer” que descansa sobre dirigentes, emana de éste y no de organismos trasnacionales que pretenden imponer, coaccionando económicamente el futuro que a ellos convenga”.
Por último sostienen que si el Gobernador Juan Schiaretti “no abandona las malas prácticas de un gobierno dictatorial enviando fuerza policiales a reprimir y los gobiernos locales del Valle de Punilla no le quitan los permisos de uso de suelo otorgados sin consulta a sus pueblos y sin debida justificación, para esta violenta e ilegal obra, la única alternativa que queda para las y los vecinos para defender sus derechos son las medidas de acción directa. Esto es: poner el cuerpo. Plantarse frente a las máquinas y hacerle frente a lo que venga”.
Y concluyen: “Transferimos la total y absoluta responsabilidad de cualquier conflicto social a quienes han tenido en sus manos la posibilidad de elegir otro camino, es decir a quienes se hacen llamar representantes, y quienes acompañen y amparen esta injusticia”.