La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Giménez rechazó este miércoles los planteos de inconstitucionalidad del acuerdo por el cual el Gobierno nacional y el de la Ciudad establecieron la restauración y traslado del monumento a Cristóbal Colón.
La jueza no hizo lugar a los planteos realizados por la asociación Basta de Demoler y la Asociación Italiana de Socorro Mutuo, que habían objetado el acuerdo sellado entre la Casa Rosada y la administración porteña el 26 de marzo. A través de él se celebró un Convenio de Colaboración, en el que se acordaron las condiciones de restauración, traslado y emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón, lo que luego fuera validado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña.
Las entidades civiles habían acudido a la Justicia y denunciado un presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades del Gobierno nacional” y, además, solicitado una cautelar a fin de evitar el traslado de la escultura.
La jueza Giménez negó que haya habido “arbitrariedad o irrazonabilidad” en la decisión de mover el monumento, ubicado en la plaza detrás de la Casa Rosada, y remarcó que “es competente tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad acerca de las tareas de mantenimiento y preservación de la obra”.
“Se colige con meridiana claridad que existe una competencia concurrente de las autoridades nacionales y de la Ciudad”, indicó la jueza en la resolución.
La magistrada, demás, sostuvo que la decisión tomada “respeta la letra y espíritu de la donación efectuada por los inmigrantes italianos y su ley de aceptación, como así que resulta la más adecuada para mantener y conservar la escultura, la que permanecerá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
La Legislatura porteña aprobó el 18 de septiembre el traslado de la estatua a la Costanera Norte, frente al Aeroparque. De este modo, el gobierno nacional podrá ubicar detrás de la Casa Rosada la escultura a Juana Azurduy, un regalo del gobierno de Bolivia.