Esta tarde se aprobó en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña el proyecto de ley de transición republicana presentado por el legislador de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, con el voto favorable de los legisladores de todas las fuerzas políticas, excepto el FpV.
El texto será tratado en el recinto, con mínimas modificaciones sobre el original que propone regular el proceso de transición republicana con una serie de medidas para la transferencia de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
“El objetivo es fortalecer los mecanismos de transparencia en las instituciones democráticas; eso mejora nuestro sistema de gobierno, la temporalidad del ejercicio del poder y la consecuente necesidad de una transición ordenada entre el gobierno saliente y el electo”, explicó Ferraro. “Lograr la aprobación de este proyecto es tener una ley de avanzada que por primera vez se implementaría en el país y sería en nuestra Ciudad”, agregó el legislador durante el debate en comisión.
“Es necesario lograr en cada cambio de gobierno transiciones ordenadas y dinámicas, para ser eficientes y, al mismo tiempo, proteger las instituciones, el proceso democrático y republicano. Con este proyecto pretendemos que la seguridad jurídica no quede a merced de cambios de gobierno o del partido de turno”, dijo Ferraro.
El legislador de la CC-ARI agregó: “Si bien el proyecto surgió de analizar las complicaciones que existieron en el último traspaso de mando a nivel nacional entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, elegimos un momento alejado de las elecciones para debatirlo y llegar al mejor consenso entre todas las fuerzas políticas de la Ciudad. Nuestra idea es prevenir situaciones similares en la Ciudad que puedan ocurrir en el futuro”.
Por otro lado, Ferraro aclaró que los informes que deberá elaborar el gobierno saliente “no invalidan ni van en contra de el informe final de gestión que ya manda la ley 70, que es la que está vigente”.
Esta iniciativa propone pensar los procesos de transición o interregno gubernamental como eventos políticos y comunicativos que deben otorgar la posibilidad al gobernante electo de conocer del gobernante saliente toda la información necesaria para implementar el nuevo programa de gestión.
El proyecto crea un equipo de transición en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, conformado por el Jefe de Gabinete, el Síndico General de la Ciudad y representantes del gobierno saliente y entrante. Obliga a las autoridades salientes a asistir a reuniones de transición, realizar informes de interés de las autoridades entrantes y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central. Para estas reuniones se deberá crear un grupo de representantes y en caso que no lo haga la ley prevé una conformación automática.
También se establece la existencia de tres tipos de informes: a) los informes de gestión que son exigibles para todos los funcionarios de los primeros niveles de la Administración Central y organismos centralizados y descentralizados, b) los informes complementarios o ad hoc sobre temas específicos que requieran las autoridades entrantes y c) un informe final de transición realizado por las nuevas autoridades dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del proceso de transición cuyo contenido evaluará el proceso en sí y la herencia recibida.
Asimismo, define temporalmente el período de transición que se inicia a las cero hora del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades por la autoridad electoral competente y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes.
No menos importante es el apartado que obliga al Jefe de Gabinete a cumplir con los actos simbólicos y protocolares de entrega de mando, de conformidad con los usos, costumbres y/o reglamentos vigentes, teniendo en cuenta las dificultades vividas al respecto durante el traspaso de mando entre Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri.
En los fundamentos del proyecto se detalla que se han tomado como fuentes diversos informes de investigación, doctrina y legislación de países que ya regularon sus transiciones, por ejemplo, Estado Unidos (desde 1963), Canadá, Puerto Rico, Brasil y Bolivia.
Para finalizar el presente proyecto de ley dice que incurrirán en falta grave conforme el régimen laboral administrativo, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder.
