Un trabajo en conjunto de los diputados Fernanda Vallejos, Graciela Camaño y Pablo Carro, obtuvo dictamen el martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el consenso del oficialista Frente de Todos, Consenso Federal y del interbloque a cargo de José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal). Con 25 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones, el proyecto quedó listo para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputados.
Se eliminó del listado a los países “no cooperantes”, donde -se sabe- aparecen varios países que están lejos de ser una guarida fiscal mientras que varias guaridas, por todos conocidas brillan por su ausencia. Así, se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, un reclamo que había planteado Juntos por el Cambio. Clave: Tampoco podrán recibir dinero público las personas y las empresas condenadas y procesadas por delitos por corrupción y los que hubieran defraudado al Estado.
De esa manera, el martes se puso a consideración, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto “Vallejos” para prohibir la ayuda estatal a las empresas y personas con activos off shore. Con el visto bueno de su colega Pablo Carro, la legisladora nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, trabajó codo a codo, durante más de quince días, con su par de Consenso Federal, Graciela Camaño, con el fin de elaborar un dictamen de consenso de los tres legisladores. Es un texto bastante más exigente que la versión que un par de sesiones atrás Massa devolvió a la comisión para su reconsideración.
La redacción final de la propuesta estuvo a cargo de la diputada Vallejos pero cada uno de los puntos surgió del acuerdo que hilvanó con Camaño y Carro.
La iniciativa incorporó la idea del bloque de Juntos por el Cambio de eliminar a los países no cooperantes, contemplados en el proyecto original y, en cambio, se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales.
En la sesión del 25 de setiembre pasado, el proyecto obtuvo dictamen pero ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) por un cambio que se le introdujo a último momento volvió a Comisión a partir de una propuesta del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Desde entonces, hasta la fecha, Vallejos trabajó junto a Camaño y Carro para llegar a un acuerdo que permitió dar a luz un dictamen integral. El bloque Unidad y Equidad Federal, comandado por el diputado José Luis Ramón, adelantó que acompañará la propuesta del Frente de Todos y Consenso Federal, que terminó de redactar Vallejos. Resta saber cómo responderá Juntos por el Cambio, cuyo titular Mario Negri primero dijo que acompañaría el proyecto original pero después dio marcha atrás y puso en duda su apoyo. Con el propósito de encontrar puntos de coincidencia que permitieran arribar a un dictamen de consenso.
El 16 de mayo último, Vallejos había adelantado públicamente su intención de avanzar en un proyecto que excluyera de las ayudas públicas a las empresas que “operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que corresponde al fisco argentino”.
Respecto del último acuerdo que se presentó en la Comisión de Presupuesto, Vallejos opinó que “elaboramos un dictamen realmente muy bueno. Creo que, a partir de esta norma, los “vivos” que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos, para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas, mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no sólo son limitados sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”.
Además la legisladora y economista del Frente de Todos, apuntó: “lo trabajamos a conciencia para que, cualquiera sea la modalidad que empleen, estos delincuentes de guante blanco no se lleven los recursos que son de todos los argentinos”.
En esta misma línea de razonamiento, Camaño puntualizó que “no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”.
Carro, por su parte, consideró “importante que el Estado cuente con un instrumento que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas que a través intríngulis contables se dedican a evadir impuestos”. Y también recordó que “en tiempos en que al Estado le toca hacer un gran esfuerzo fiscal para atender las demandas que genera la pandemia, es fundamental que cada peso del presupuesto llegue a aquellos que verdaderamente lo necesitan”.
El dictamen que se discutió, titulado “Ley Nacional de Prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales”, incluye 9 artículos, dos de los cuales son de forma.
En el artículo 1 se define como objeto de la ley “consagrar y establecer la prohibición y exclusión de la asistencia económica y/o financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y/o beneficios fiscales, facilidades crediticias y/o en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional”.
La iniciativa aclara que entre los sujetos comprendidos se encuentran “las sociedades constituidas en el extranjero, en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones”. También alcanza a las personas humanas o jurídicas ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación, entre otras.
Una de las novedades del proyecto, es que incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero y a aquellos que tengan deudas con el fisco superiores a $15 millones o registren impagos con el sistema de seguridad social superiores a los $12 millones.
El proyecto prohíbe taxativamente al Estado Nacional y a cualquier empresa con participación estatal mayoritaria asistir económicamente a las personas físicas y jurídicas con activos offshore y al resto de los sujetos comprendidos en la ley, con definiciones técnicas muy exigentes que, a lo largo de los x incisos de su artículo 2, procura no dejar escapar ninguna de las formas sofisticadas de actividad offshoring que las empresas y personas suelen utilizar para escapar al control del Estado y eludir sus responsabilidades fiscales.