El Consejo de la Magistratura avanzó para adecuarse a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la actual integración del organismo encargado de elegir y remover magistrados.
Los consejeros decidieron convocar para el miércoles a los representantes de los abogados porteños y del interior y a los representantes de los jueces para acordar la posibilidad de llamar a elecciones y aumentar los integrantes del cuerpo con seis nuevos consejeros. A esos nuevos miembros del Consejo se sumará también el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La Corte Suprema de Justicia declaró la semana pasada inconstitucional la composición actual del Consejo de la Magistratura, que fue dispuesta por una reforma legal impulsada por Cristina Kirchner, como senadora nacional, en 2006.
Por unanimidad, y tras reseñar que esa reforma alteró el equilibrio entre el estamento político y el técnico en su integración, exhortó al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Por el momento, el Consejo volverá a su vieja composición de 20 miembros (hoy tiene 13), con Rosatti como su presidente.
La Corte le dio al Consejo 120 días corridos para cambiar su integración o que el Congreso apruebe una nueva ley. Si al cabe de ese plazo no cambia nada, “los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos″.
Según la información a la que accedió La Nación, todos los consejeros se reunieron en una comisión de labor para planificar los próximos pasos. Los abogados deberán elegir a dos miembros más, lo mismo que los parlamentarios (dos “representantes de las segundas minorías políticas”). Los jueces y las universidades deberán nombrar a un nuevo representante cada uno.
En la reunión del jueves, se analizó que las elecciones de los abogados son el escollo más complicado, pues es necesario armar un padrón nacional de abogados con matrícula federal (unos 300.000), depurarlo y de allí elegir a dos representantes por sistema D’ Hont.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con los jueces, los académicos y los legisladores. Estas autoridades serían elegidas para el período que va entre el 15 de abril y noviembre, cuando se deben renovar todos los consejeros.
El abogado y expresidente del Colegio de Abogados porteño, Jorge Rizzo, adelantó a La Nación que esto sería un inconveniente y que perjudicaría el modo de organizar la elección. Advirtió además sobre algunos problemas derivados de aplicar una ley ya derogada.
Rizzo dijo que cree que la mejor solución es acordar un proyecto de ley, como el que él mismo promovió, que dotaría de mayor legitimidad al funcionamiento del Consejo, aunque se dijo dispuesto a trabajar en la adaptación aunque los plazos sean breves.