La fiscal Federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona dio impulso a la acción penal para investigar los hechos denunciados sobre el avión de origen venezolano que se encuentra varado en el aeropuerto de Ezeiza. Y además solicitó que se decrete el secreto de sumario en el expediente para evitar que se filtren datos del expediente.
La causa penal se abrió tras la presentación realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) quien pidió ser querellante en el expediente y había requerido que se investigue previamente a los iraníes que eran parte de la tripulación para lo cual debían se retenidos en nuestro país.
En función de dicho planteo, el juez Federico Villena había ordenado este lunes, la prohibición de salida del país de los cinco tripulantes iraníes que viajaban en el Boeing 747-300M matrícula YV3531 de la empresa venezolana Emtrasur, que se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, a cuya terminal de carga arribó el lunes 6 de junio.
Una vez adoptada la medida, pidió la opinión de la fiscal Incardona quien abrió la investigación penal junto con un pedido al juez para decretar el secreto de sumario.
“Al dejar entrar a este avión se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejarlos ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto (…) sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional”, había remarcado en su presentación la DAIA que da origen a la causa penal.
Al considerar que se está ante una serie de hechos que revisten “gravedad”, el juez Villena ordenó una serie de medidas y se aguardaba la decisión de la fiscalía para saber si se contaba con el impulso penal y así, comenzar con la investigación del caso.
Se pidió este lunes a la titular de la Dirección Nacional de Migraciones “que mantenga retenidos a la orden de este Tribunal los pasaportes de los ciudadanos iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh; y Abdolbaset Mohammadi, por el término de 72 horas”.
En la misma resolución, el juez solicitó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comisionado mayor Maximiliano Lencina, que, “se informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave matrícula venezolana YV3531 Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur, la cual se encontraría en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini”.
Con la investigación abierta, la fiscal Incardona solicitó una serie de medidas, según pudo saber Clarín, vinculadas a la documentación de los tripulantes iraníes y las referencias que justifiquen su presencia en el avión de carga.
En su denuncia, la DAIA señaló que “los originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos”.
Según información oficial, la lupa está puesta sobre el piloto de la aeronave, a quien primero se señaló como un integrante del Quds pero “el cruce de información” habría arrojado después que en realidad se trataría de un homónimo, diez años menor. Las versiones contradictorias alimentan las sospechas de especialistas en seguridad, sobre una posible “operación de encubrimiento”.
En el Boeing viajaban catorce tripulantes venezolanos y cinco iraníes. El avión llegó a la Argentina el 6 de junio desde México y aterrizó en Córdoba. Más tarde fue hasta a Buenos Aires. El 8 de junio el avión intentó volar a Uruguay, pero le denegaron el aterrizaje, y tras volar en círculos sobre el Río de La Plata volvió a Ezeiza.
La empresa Emtrasur, con sede en Caracas, registró el avión como parte de su flota el 23 de enero pasado. Pero antes, durante 15 años, el Boeing 747 operó para la compañía iraní Mahan Air.
De acuerdo a la documentación judicial a la que tuvo acceso Clarín, los organismos de seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia supieron de la presencia del avión en suelo argentino 48 horas después de su arribo, a raíz de que Uruguay no le permitió ingresar a su espacio aéreo.
Hasta ese momento, “no pesaba sobre ninguno de los miembros de la tripulación alerta, restricción o impedimento alguno”, informaron desde la Dirección de Migraciones, por lo que se les permitió el ingreso al país. Pero este lunes, el juez Villena pidió la retención de los pasaportes algo que las autoridades nacionales procedieron a cumplir y remitieron al juzgado toda la documentación.