El operativo realizado el martes en el hotel Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde están alojados los 5 iraníes y los 14 venezolanos que viajaron en el avión de Emtrasur, terminó con un total de 18 teléfonos secuestrados y 7 tablets. Es una prueba clave para avanzar con la investigación judicial.
En esos aparatos podría haber información desconocida sobre los tripulantes, aunque ya pasó una semana desde el aterrizaje en Ezeiza. Por ese motivo, el magistrado decidió encargar esa pericia al área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.
“No fue un allanamiento técnicamente, se secuestró material de interés para la causa”, explicó a Infobae una fuente de la investigación. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que dispuso unos 25 agentes.
De esa manera, las pericias quedarán a cargo del área de Cibercrimen, que ya estuvo al frente de decenas de investigaciones sensibles como la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El juez decidió apartar a las fuerzas de seguridad nacionales que dependen del ministro Aníbal Fernández porque la PSA y la PFA estuvieron involucradas en el operativo para revisar el avión, la semana pasada, y ahora están bajo investigación.
“No hubo resistencia de los tripulantes, hasta entregaron las claves de los teléfonos”, apuntó una fuente que monitoreó el operativo en el hotel. Igualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con la tecnología necesaria para abrir los teléfonos si fuera necesario.
El procedimiento es unas de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona, quien firmó un requerimiento de instrucción en la causa que se inició por la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El expediente judicial ya acumuló tres causas con el mismo objeto procesal: la denuncia que realizaron los diputados López Murphy y Gerardo Milman, en conjunto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, otro expediente que impulsó el juez Villena al extraer testimonios, y finalmente la denuncia de la DAIA.
Bajo secreto de sumario, el juez activó el procedimiento en el hotel, donde los pasajeros fueron identificados y se tomaron sus huellas dactilares tal como habían pedido el diputado Milman. Además fueron formalmente notificados de la causa y se le prohibió la salida del país.
En las próximas horas, el juez Villena seguiría ordenando medidas de prueba. La DAIA pidió que se libre un oficio a la compañía que recibió las autopartes, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que había sancionada a la aerolínea venezolana, CONVIASA, y que se libre un exhorto a Interpol para que se expida al respecto de los pasajeros que venían en el vuelo.
