El encono que se profesaban a través de las declaraciones públicas, no sólo se confirmó cuando se encontraron frente a frente, sino que se acrecentó de una manera sin retorno. Dicho encuentro fue clave para decidir las acciones que vendrían. La guerra debía ser total, ya que ambos se consideran enemigos irreconciliables. Opuestos totales que ni por casualidad imaginan una tregua, sino todo lo contrario: el objetivo de ambos es la derrota de su rival.
Tal es así que uno, juez federal, procesó al otro, Jefe de Gobierno porteño. El segundo, a su vez, pidió la recusación del primero. Los contendientes son, claro está, Mauricio Macri, y el magistrado a cargo de la causa caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros sobre intervención de las comunicaciones?, Norberto Oyarbide. El momento que definió el futuro de la relación entre ambos se produjo el miércoles 5 de mayo, cuando el jefe comunal debió presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para prestar declaración indagatoria (o sea, en calidad de sospechoso de un presunto delito) por el caso de las escuchas ilegales.
El encuentro no pudo ser peor. ?Macri llegó muy mal predispuesto y con un humor de perros, ya que consideraba que no existía ningún elemento para que el magistrado lo citara. Y una vez consumado el hecho, lo evaluó como un ataque caprichoso y de carácter netamente político. Eso determinó la conducta poco amistosa del Jefe de Gobierno ante las preguntas del juez. Es más, Macri se mostró ofuscado e interrumpió en varias ocasiones a Oyarbide para exclamar enojado que no entendía lo que estaba haciendo en ese lugar. Oyarbide mantuvo todo el tiempo sus finos modales, y sólo se sinceró, poco después, ante sus colaboradores más cercanos, demostrando el profundo desagrado que le produjeron los malos modales de Macri. Básicamente, lo definió como una persona soberbia, con lo cual, el encuentro terminó por colocarlos en posiciones antagónicas, casi de inquina personal?, le detalló a Noticias Urbanas un hombre que trabaja en la investigación judicial.
La declaración indagatoria es el origen de las movidas que ambos tomaron en el futuro. El viernes 14, el juez procesó al Jefe de Gobierno como participe necesario de la asociación ilícita, que, según el magistrado, fue montada en el Gobierno porteño para realizar pinchaduras telefónicas.
Ante la gravedad de la resolución, Macri respondió con dureza, acusando a Oyarbide de ser un juez kirchnerista, que ya tenía decidido procesarlo mucho antes de llamarlo a declaración indagatoria. A los pocos días, el miércoles 19, el juez contestó la embestida macrista con un pedido judicial que dejó en claro que iba por más, al solicitarle al Gobierno porteño un informe sobre los teléfonos fijos y móviles que utiliza el jefe comunal. También les pidió a las autoridades del Congreso de la Nación los números de cuando fue diputado nacional, entre 2005 y 2007.
La avanzada del magistrado quedó corroborada al exigir que esos datos le fueran entregados en 24 horas. Mientras, los abogados de Macri decidieron una ofensiva que se basa en las pruebas existentes en el expediente y que, según la defensa, demostrarían que Oyarbide actuó desde el inicio de la causa con el único objetivo de perjudicar al Jefe de Gobierno y que en esa trama participaron la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ?siendo funcional a un supuesto plan político del kirchnerismo para perjudicar las chances presidencial del líder de Propuesta Republicana (PRO)?. Noticias Urbanas accedió a los datos del expediente que, según los letrados de Macri, prueban que el magistrado ?accionó abiertamente para perjudicar a su cliente?.
En la declaración indagatoria, Macri reveló la existencia de una disputa en torno a la creación de la Policía Metropolitana (PM), resaltando la oposición de la Policía Federal, ?que no quería bajo ningún concepto que existiera otra fuerza de seguridad en la Ciudad?. Aunque en menor medida, también acusó a la SIDE de tener la misma posición. ?Acaso también participó la SIDE en la disputa contra la Metropolitana, debido a su actuación en la causa de las escuchas ilegales?, afirmó el ingeniero en el escrito presentado ante la Justicia.
Las acciones realizadas por la Federal y la Secretaría de Inteligencia en el desarrollo de la causa serán uno de los elementos fundamentales que la defensa de Macri utilizará para determinar que, desde su origen, el caso ?se armó en contra del jefe comunal?. Para probar tales afirmaciones, los letrados enfocarán sus ataques en el hecho que dio inicio a la causa, poniendo en duda la existencia del mismo, ya que, según ellos, las pruebas que existen en el expediente les dan la razón. ?La causa se inició por una denuncia del líder de la agrupación de Familiares y Víctimas del Atentado a la sede de la AMIA, Sergio Burstein, quien recibió una llamada anónima al teléfono de su casa (4983-5506) que le advertía que estaba siendo víctima de una escucha clandestina ordenada por el ex jefe de la Metropolitana, Jorge ?el Fino? Palacios. La llamada se habría hecho desde un locutorio. Sin embargo, cuando se allanó dicho local, no había registros de dicha llamada. Pero lo que más sorprendió fue la similitud de una comunicación que se realizó desde ese lugar, el mismo día del anónimo, a un número casi idéntico al de Burstein, que sólo difería por un número: el 4982-5506. Con lo cual no se pudo probar si la llamada existió o no. Pese a ello, Oyarbide decidió iniciar la investigación. Esto sugiere que había tareas de inteligencia previas al inicio de la causa, para obtener datos que perjudicaran a Palacios?, le relató a NU uno de los letrados de la defensa. Pero eso no es todo. ?El llamado anónimo se hizo un día después de que fuera pinchado el teléfono, con lo cual se sospecha que el mismo vino de una fuerza de seguridad, único organismo capaz de enterarse tan rápido de una intervención. Sospechamos de la SIDE, ya que se encuentra a cargo de la casi totalidad de ese tipo de intervenciones?, agregó la fuente consultada.
Otro dato que, según la defensa, verificaría la supuesta parcialidad de Oyarbide, es la existencia de una foto del denunciante anónimo, que nunca fue investigado por el juez. ?El magistrado inició la causa, en tiempo récord, sin enviarla a sorteo, que era lo que correspondía, demostrando así, que alguien quería que él estuviera al frente de la misma. Otro hecho que prueba esa afirmación es que, en su comienzo, el delito era de acción privada, o sea, una denuncia anónima de intervención a la línea de un particular, y, sin embargo, Oyarbide actuó de oficio, lo cual sólo se puede hacer en caso de que sea un delito de acción pública?, acusaron desde el macrismo. Según este razonamiento, el magistrado no actuó sólo, ya que el accionar de la Federal fue clave en la unidireccionalidad de la causa. ?Al poco tiempo del llamado anónimo, un patrullero de la Federal se presentó en el domicilio de Burstein, para llevarlo de inmediato a la comisaría más cercana, para formalizar la denuncia que dará origen al voluminoso expediente?, señaló el abogado de Macri.
La defensa también descartó que Palacios ordenara la pinchadura ilegal. ?La intervención a las línea de Burstein fue pedida ante los jueces misioneros a principios de agosto de 2009, cuando Palacios ya había sido designado al frente de la Metropolitana; sin embargo, ésta no se realizó por falta de elementos. A comienzo de septiembre se hizo un nuevo pedido para realizar la intervención, pero para esa época el Fino ya no estaba al frente de la policía porteña. Finalmente la intervención se efectivizó el 21 de septiembre. Las fechas de los pedidos demuestran que no tienen ninguna relación con la oposición pública que Burstein mantenía contra Palacios como jefe de la Metropolitana?.
Para los macristas, la parcialidad del magistrado y de la Federal se confirmó en el operativo de allanamiento a la casa del espía Ciro Gerardo James. ?En esa oportunidad, los ?federicos? secuestraron elementos técnicos utilizados para realizar escuchas clandestinas, tarjetas de empresas de seguridad privada y el contrato que tenía como asesor del Ministerio de Educación porteño. Este último hecho es muy llamativo porque el procedimiento no tenía como finalidad el hallazgo, ya que todavía se desconocía la vinculación de James con esa cartera. Esto demuestra que la Federal tenía datos, que no estaban en el expediente, acerca de la relación del espía con el Gobierno de la Ciudad y por eso buscaron elementos de prueba para incluirlos en la causa. A eso se suma que el allanamiento a la casa de James no fue legal, ya que Oyarbide utilizó a la Federal para el mismo, algo que no correspondía, ya que el espía pertenecía a esa institución y en esos casos los allanamientos los hacen otras fuerzas, como, por ejemplo, Gendarmería o Prefectura.? Los defensores del jefe comunal suman elementos para sostener su teoría, señalando que la intervención de teléfonos se remonta a 2005 y que el entrecruzamiento de líneas, que figuran en la causa, superan las 30 mil comunicaciones. ?Sin embargo, Oyarbide se limitó a las escuchas de 10 personas: Burstein, el cuñado de Macri, Néstor Leonardo; Carlos Ávila, Susana Saint Porres, Rodrigo Velazco, Diego Molaro, Daniela Rocca, Federico Infante, Jorge Navarro Castex y Francisco Castex. Y de ellas, priorizó sólo las de Burstein y Leonardo, en una clara maniobra para perjudicar a Macri, ya que las ocho personas restantes no tienen ninguna actividad política ni son opositores al macrismo, por lo cual el Gobierno porteño no tendría motivos para escucharlas?, explicó el letrado defensor, para luego agregar: ?Pero estos datos que obran en el expediente son sólo algunos de los que prueban la parcialidad del juez, hay muchos más que estamos analizando para dar a conocer en el momento oportuno?.
La data aportada por los abogados del Jefe de Gobierno amenaza con iniciar una guerra que supere ampliamente el terreno judicial, para meterse de lleno en el ámbito político. Y como es sabido, en ese espacio, las consecuencias que puede provocar tal operatoria son impredecibles.
(NOTA ORIGINALMENTE PUBLICADA EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 241, DEL 20/05/10).
