Este jueves la Legislatura porteña insistió con una ley que había sido vetada por el Poder Ejecutivo por la cual se facultaba a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad, entre otras cosas, a juzgar la tenencia, portación y uso civil de armas.
Se trata de una modificación de la Ley 12 de Procedimiento Contravencional, que incorpora las figuras penales establecidas en el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 7 de diciembre de 2000.
Acto seguido, los legisladores aprobaron un proyecto por el cual se realizaron una serie de modificaciones acorde a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en el veto. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot, explicó que "se modificó el plazo para dictar la prisión preventiva de dos a cinco días para evitar que haya alguna posibilidad de que no puedan reunirse las pruebas suficientes y, además, se amplía de dos a cuatro meses el plazo de la investigación penal preparatoria, a contar desde la declaración o la detención del imputado. El fiscal puede solicitar motivadamente al juez una prórroga, siempre y cuando las particularidades del caso lo requieran".
"También -agregó- se derogó el artículo segundo de la Ley 1.287 que establecía la división del Fuero Contravencional y de Faltas para que separen los jueces que juzgan delitos de otras cuestiones. Esto no quedó descartado para siempre sino sólo hasta que se trate el Código Procesal Penal".
Pero lo que aparentemente se desarrolló en un marco de acuerdo y calma, en la realidad no tuvo esas características. Ni bien se pudo insistir con la ley- dado que se obtuvieron los 40 votos necesarios para poder hacerlo- comenzó una discusión entre el diputado Rebot y el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Enríquez, para determinar si se iba a considerar un proyecto de uno o de otro.
La iniciativa de Rebot planteaba en líneas generales las mismas modificaciones que la de Enríquez, sólo que esta última había sido generada ante la posibilidad de que no pudiera insistirse con la ley. Luego de dos cuartos intermedios donde se intentó poner paños fríos al enfrentamiento -donde hubo varias agresiones verbales entre ambos- fue finalmente Enríquez el que expuso ante el Cuerpo los artículos a votar.
Por otra parte, el diputado Fernando Cantero (ARI) como la diputada Beatriz Baltroc (Autonomía Popular) se manifestaron en contra tanto de la insistencia como de la ley correctiva, porque no están de acuerdo con ningún parche sino en "avanzar con un Código Procesal Penal Integral".
En tanto, el diputado Ariel Schifrin (Frente Popular de la Ciudad) afirmó que "es la primera vez que la Legislatura rechaza un veto del Ejecutivo. Así como se respetará el veto de Ibarra frente a la titularización de 90 directores de colegios porteños, el veto del Ejecutivo al Código de Procedimientos Penales ha sido rechazado por ser producto de un verdadero desmanejo institucional".
Con respecto a la ley correctiva, Schifrin consideró que "tanto el plazo para archivar una causa como el plazo del juez para dictar prisión preventiva podrían perfectamente modificarse con una ley correctiva, tal como haremos hoy luego de rechazar el veto".
Después de sancionarse la norma correctiva fue el diputado Jorge Mercado (Compromiso para el Cambio) el que bromeó al respecto de las discusiones que se dieron en torno a esta iniciativa al preguntarle al vicepresidente primero del Cuerpo, Santiago de Estrada, si finalmente lo que se había votado tuvo como cabecera el proyecto de Enríquez, porque no le había quedado claro.
Risas de por medio, Enríquez pidió la palabra para dar el mérito al presidente de la Comisión de Justicia, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), para el cual pidió un aplauso.
