Contrariando los deseos del empresario Juan Scalesciani, que manifestó que "si el nuncio actúa con verdadera caridad cristiana, lo mejor que puede hacer es aplaudir lo que estamos haciendo", en los últimos días, Santos Abril y Castelló -el hombre de quien el empresario espera el aplauso- recibió de fuentes gubernamentales la seguridad de que la opinión del Gobierno nacional sigue siendo contraria a la erección de un gigantesco hotel en el terreno del Palacio Duhau, contiguo a la embajada de la Santa Sede, en la Avenida Alvear al 1600.
Ya el año pasado el procurador general del Tesoro, Rubén Citara -que es el abogado que defiende los intereses del Estado nacional-, dictaminó que las obras que se estaban realizando en el Palacio Duhau no debían seguir adelante. El secretario general de la Presidencia de la Nación -por ese entonces Aníbal Fernández- fue el encargado de comunicarle al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, la opinión del presidente de la Nación.
El Gobierno nacional cambiaba, de esta manera, la opinión del procurador general del Tesoro en tiempos de de la Rúa, Ernesto Marcer, que había dictaminado que la Convención de Viena "no constituye un obstáculo" para la construcción del faraónico emprendimiento. Cabe recordar que tanto Marcer como Nicolás Gallo -secretario general de la Presidencia de la Nación en ese tiempo- y otros funcionarios nacionales habían compartido con Enrique García Espil -el secretario de Planeamiento Urbano porteño que autorizó la cuestionada obra- el gabinete de de la Rúa cuando éste fue jefe de Gobierno porteño.
En la misma época en que Citara emitía su dictamen, la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos declaró como monumentos históricos nacionales a cinco inmuebles situados en la misma cuadra que el palacio de la discordia. Eran el propio Palacio, la Residencia Duhau -contigua a éste-, la Nunciatura, la Casa Nacional de la Cultura y la Casa de las Academias Nacionales. "La declaración no impide la construcción, pero la limita, pues no debe afectar urbanística ni simbólicamente el bien. Tendremos que sentarnos a conversar con la firma para verificar su avance", explicó en el mes de agosto a la prensa la titular de la comisión, Liliana Barela.
Pero pareciera que los problemas de la empresa El Rosario S.A. -que construirá el hotel y encarará la refacción del Palacio Duhau- no se limitarán a la oposición del gobierno nacional y a los integrantes de la Comisión. La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, ya anunció oficialmente que se sumará a los enemigos del proyecto y recurrirá a la justicia a raíz de la morosidad del Gobierno porteño en brindar información adecuada sobre el destino del predio en cuestión. "Hasta ahora -declaró la "ombudsman"-, no hemos recibido una sola respuesta a los distintos reclamos que se tramitan en esta Defensoría, por lo que recurriremos a la Justicia para exigir el cumplimiento del derecho a la información que deben tener los vecinos y la comunidad".
Por su parte, la Fundación Ciudad, que siempre se opuso al proyecto e impulsó diferentes acciones para impedir que se concretara, envió sendas notas dirigidas al presidente de la Comisión de Lugares, Museos y Lugares Históricos, Alberto de Paula, y al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, solicitándoles que demuestren que la aprobación del proyecto se efectuó siguiendo los senderos administrativos correctos.
"Si las autoridades nacionales y locales encargadas de proteger el patrimonio han resuelto dejar que se destruya el valor patrimonial de la manzana más valiosa de esta ciudad esperamos que, por lo menos, hayan firmado los permisos respectivos, de modo que alguna vez puedan ser juzgados legal y políticamente por este inenarrable acto de depredación urbana" señaló Javier García Elorrio, de la Fundación Ciudad.
LOS NÚMEROS DE UN PROYECTO CUESTIONADO
El hotel que se dispone a construir la empresa que regentea Juan Scalesciani -un poderoso empresario inmobiliario de Punta del Este- sería operado por la cadena Hyatt Hotels and Resorts, que hasta fines del año 2000 administró el hotel que se erigió en los jardines del Palacio Álzaga Unzué, desatando -cuando se inició su construcción- un conflicto similar al que ocupa esta crónica. ¿Una casualidad?.
El hotel estaría construído en un plazo de aproximadamente dos años, tendría 20 mil metros cuadrados distrbuídos en doce pisos, 183 habitaciones y una playa de estacionamiento de 170 cocheras. La empresa constructora invertirá 65 millones de pesos y generará 500 puestos de trabajo para la obra y 300 personas trabajarán en el hotel cuando empiece a operar. Además, la sede del Palacio sería remodelada para dar a la construcción de 27 exclusivas "suites" y a un restaurant "para hombres de negocios", según el propio Scalesciani.
UNA SERIE DE EXTRAÑOS SUCESOS
En las febriles negociaciones que se produjeron durante estos últimos años entre los empresarios y las autoridades del Gobierno porteño no estuvieron ausentes los discepolianos contornos de la biblia, el calefón y aún el sable sin remache que alguna vez los hizo llorar a ambos.
Para empezar, alguna vez el predio le perteneció al empresario Juan Raelle -que estuvo ligado a Lorenzo Miguel durante muchos años. Posteriormente, detentó su propiedad Héctor Colella, el "alter ego" de Alfredo Nallib Yabrán. Tras la compra de las empresas de éste por parte del Grupo Exxel, Juan Navarro, su nuevo titular, se convirtió en su propietario, habida cuenta de que los estatutos de Exxel le impedían actuar en negocios inmobiliarios.
Cuando el conflicto que se desató el año pasado demoró el inicio de la obra, aparecieron en escena inesperados "lobbystas". El 26 de agosto de 2002, la presidenta de la Comisión que había declarado monumento histórico nacional al Palacio Duhau, Liliana Barela, fue visitada por Juan Scalesciani, que fue acompañado en la ocasión por el ex cuñadísimo presidencial, Basilio Pertiné.
El 29 de octubre -también del 2002-, Scalesciani visitó -acompañado por el anterior propietario del predio, Juan Navarro- al vicepresidente primero de la Legislatura, Jorge Enríquez, un opositor del proyecto, que los envió a la calle con las manos vacías.La reunión -en la que también estuvo presente el diputado Santiago de Estrada- fue duramente cuestionada por algunos diputados radicales, que dijeron que era "tan grave como si Yabrán fuese a la Casa de Gobierno".
Todos estos movimientos y operaciones cruzadas convirtieron una inversión inmobiliaria en un negocio cruzado por la sospecha. Tal es así, que el año pasado 55 embajadores firmaron una nota de respaldo a la posición del nuncio papal y le solicitaron oficialmente al Gobierno nacional que impida la realización de la obra. A pesar de esta gestión, el Gobierno porteño se manifestó -por boca del propio Aníbal Ibarra- en favor de la continuación de los trabajos, que por esta razón aún se siguen realizando.
