La ley que promueve la construcción de las líneas "F" (Constitución – Plaza Italia), "G" (Retiro – Cid Campeador) e "I" (Emilio Mitre – Plaza Italia) fue aprobada anoche por la Legislatura porteña. Los bloques de la Alianza, Encuentro por la Ciudad y Frente Justicialista votaron a favor de la propuesta.
La norma sancionada incluye la autorización al Poder Ejecutivo para realizar la licitación de la construcción de las nuevas líneas, de la operación de sus servicios, de la finalización de la línea H y de su futura explotación. La ley también declara de utilidad pública al subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución de las obras.
Durante una extensa exposición, la diputada aliancista Marcela Larrosa, presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, leyó los fundamentos en los que se basó el proyecto de ley. Entre ellos se cuentan: la optimización del uso de actual red de subtes y su integración con los demás modos de transporte, el mejoramiento de las condiciones de seguridad y confiabilidad todo este sistema, la reducción de los tiempos de viaje de los usuarios, la disminución de la congestión vehicular y el estímulo para el desarrollo de determinados ejes o áreas de la ciudad.
La construcción de la línea I fue la que generó las mayores dudas entre los diputados. Al respecto, el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Julio Vitobello (Frente Justicialista) expresó su temor de que la obra resultara deficitaria, debido a que se calcula que la línea I tendrá un número de usuarios sensiblemente menor que las demás líneas. Atilio Alimena (Acción por la República) también sembró dudas acerca de las ventajas de la obra, aunque dijo que era necesaria desde el punto de vista de la comunicación en la ciudad.
En contraposición con estas posturas, la diputada Juliana Marino (Generación Intermedia) se mostró verdaderamente entusiasmada con la línea I. Marino afirmó que las ventajas que traería dicha línea eran tanto sociales como económicas, ya que estas últimas no debían medirse en los cospeles recaudados sino en la posibilidad de tener "una ciudad eficiente, desarrollada y armónica."
Otras dudas que se plantearon quienes finalmente aprobaron el proyecto fueron el posible endeudamiento de la ciudad (ya que el gobierno porteño deberá pagar el 60 por ciento de las obras, calculadas en un total de 1500 millones), el hipotético aumento de las tarifas (no deben superar a las actuales) y la garantía de poder realizar todos los transbordos con un mismo boleto (ya que la concesión de las nuevas líneas las puede ganar una compañía diferente de la que está operando las actuales).
En contra del proyecto se expresaron las diputadas Lía Mendez (Partido Humanista) y Vilma Ripoll (Izquierda Unida). La primera afirmó que se estaba "extendiendo un cheque en blanco al gobierno para endeudar a la ciudad" y que "el proyecto no contemplaba las prioridades de la sociedad sino la de los funcionarios." La representante de Izquierda Unida coincidió en este punto con Méndez. "Se están cayendo las escuelas y los hospitales, le decimos a la gente que no hay plata y estamos discutiendo sobre algo que los trabajadores no pidieron", bramó ofuscada Ripoll, que luego denunció que "los trabajadores que vienen desde la provincia de Buenos Aires o los que viven en la zona sur van a tener que seguir tomando dos, tres y hasta cuatro transportes para acercarse al subte" ya que, según la legisladora, prácticamente las estaciones de subterráneo no contemplan estas zonas.
Por su parte, el diputado Fernando Caeiro (Alianza) deslizó una propuesta de financiamiento que fue bien recibida por varios legisladores: que los ingresos que el Gobierno de la Ciudad obtiene por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) se utilice para financiar las obras y así se evite el endeudamiento.
