Más problemas con el Plan Urbano Ambiental

Más problemas con el Plan Urbano Ambiental

La Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo del Plan Urbano Ambiental (ComAPH) le envió una carta al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, para que haga cumplir un acta que se firmó en la Legislatura el 17 de mayo pasado. Ese día se acordó conformar una comisión ad hoc para revisar el Plan Urbano Ambiental, cuya elaboración es criticada por la ComAPH. Ésta afirma no haber sido tenida en cuenta por el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) al momento de diseñar el proyecto. Ahora denuncia la ruptura de un acuerdo


El Plan Urbano Ambiental (PUA) sigue generando disputas antes de su sanción, que aún no se sabe cuándo será. Los integrantes de la Comisión Asesora Permanente Honoraria del Consejo del Plan Urbano Ambiental (ComAPH) acaban de escribir un nuevo capítulo a esta novela sin fin, al enviarle una carta al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en la que denuncian la ruptura de un convenio que establecía la revisión del proyecto. También le solicitan al jefe de Gobierno que haga cumplir el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad y la ley 71. Ambas normas garantizan la participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias en la elaboración del PUA.

PROYECTO CUESTIONADO

El documento final del PUA es cuestionado permanentemente por la ComAPH, integrada por especialistas no gubernamentales. Sus miembros sostienen que el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) -organismo que elaboró el proyecto- no tuvo en cuenta sus opiniones durante su diseño. El CoPUA es un cuerpo integrado por funcionarios y expertos nombrados a propuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo y su titular es el jefe de Gobierno. Cuando se elaboró el Plan, aún no habían sido nombrados los representantes propuestos por la Legislatura.

La disputa entre el CoPUA y la ComAPH tuvo su pico máximo en julio del año pasado, cuando el Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad Antonio Elio Brailovsky y los representantes de Poder Ciudadano (Carlos March y Marta Dodero) y de la Fundación Ciudad (Javier García Elorrio), realizaron tres presentaciones judiciales para impedir el tratamiento del proyecto. Al expedirse acerca del recurso interpuesto por March y Dodero, el juez Roberto Gallardo notificó a los legisladores que, si bien quedaban habilitados para votar la norma, tuvieran en cuenta que ésta podría ser luego declarada inconstitucional.

COMPROMISO ROTO

La carta dirigida a Ibarra -con fecha del 10 de julio de 2002- afirma que "no obstante las evidencias de la inviabilidad de la aprobación del trabajo elaborado por el CoPUA (…) y del compromiso verbal pero expresamente formal del Secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano (Eduardo Epsztein), esta ComAPH ha sido notificada el pasado 28 de junio por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, diputado Rubén Campos, que los integrantes del CoPUA y los funcionarios representantes del Poder Ejecutivo no asistirán a ninguna reunión con la ComAPH".

El párrafo se refiere a un acta firmada el 17 de mayo de este año en la Legislatura porteña, que establecía la conformación de una comisión para revisar el Plan. Según lo acordado, ésta funcionaría los viernes a partir de las 18 y contaría con la presencia de cuatro integrantes de la ComAPH. El acuerdo se había logrado a partir de un encuentro anterior, celebrado en el Salón Montevideo de la Legislatura, con la presencia de varios diputados porteños y de los integrantes de los cuerpos en disputa.

Los miembros de la ComAPH afirman que la medida fue ratificada verbalmente por el secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Eduardo Epszteyn, durante una nuevo encuentro que se llevó a cabo en el parlamento porteño el 14 de junio. Pero, según denuncian, dos semanas después se enteraron de que todo quedaba en la nada. Y reclaman que se cumpla lo pactado.

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