El viernes pasado, a las cinco de la tarde, el secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil, concurrió a la Legislatura porteña para ser interrogado acerca de las circunstancias que rodearon a la autorización de las obras que se están desarrollando en los jardines del antiguo Palacio Duhau. García Espil fue invitado a exponer luego de que en la sesión del día anterior, el diputado ucedeísta Julio Crespo Campos exigiera su interpelación, que, tras una dura negociación en el propio recinto, se convirtió en una "invitación".
Cuando el secretario llegó al Salón Eva Perón, las cosas comenzaron a salir de cauce. Los diputados, en primer lugar, exigieron que hubiera sonido y taquígrafos, algo que no estaba previsto, mientras que Crespo Campos además pedía que hubiera un televisor para pasar un video que mostrara las obras que se estaban desarrollando en el lugar.
Luego de una espera que se hacía interminable, comenzó un interrogatorio que para García Espil, seguramente también fue interminable. De todos modos, tuvo alguna ayuda: el diputado Enrique Rodríguez propuso que se dividiera la interpelación en dos partes: en la primera se hablaría de la Convención de Viena y, en la segunda todos los aspectos la obra en sí, que son atribución del propio secretario de Planeamiento Urbano. Esto hizo que este interrogatorio, al menos, fuera más confortable para García Espil que, de todos modos, no la pasó bien.
El secretario expuso primero, señalando que el problema tiene dos aspectos, el de los códigos de construcción que rigen en la ciudad y el diplomático. También comentó que se le dijo al nuncio apostólico que ningún código prohibía construir en Alvear y Posadas y que fue allí cuando éste planteó que iba a acogerse a la Convención de Viena, que reglamenta los aspectos de privacidad y seguridad que deben respetar los países con respecto a las representaciones diplomáticas. El gobierno porteño -relató- consultó entonces a la Procuración General, que dictaminó que las obras en el Palacio Duhau no estaban prohibidas por los códigos de construcción por los que se rige la Ciudad de Buenos Aires.
El diputado Ariel Schiffrin expuso a continuación la posición del oficialismo, basada en dos aspectos principales: el primero, que el tema debe ser resuelto por la cancillería, ya que no se lo contempla en los códigos de construcción de la Ciudad. El segundo argumento es que todos los barrios alrededor de las embajadas crecieron, sin que nunca se hubiera aludido a la Convención de Viena -que data de 1961- como argumento para impedir una obra. Schiffrin reconoció, por contrapartida, que desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, todo cambió y que las cuestiones de la seguridad tienen ahora otra dimensión. En lo que parece ser un punto clave, Schiffrin planteó que si el Estado nacional decide la expropiación o el fin de los trabajos por algún otro medio, deberá hacerse cargo de los costos emergentes de la medida.
El diputado Jorge Altamira, del Partido Obrero, preguntó entonces si el dictamen de la Procuración autorizaba a parar las obras, a lo que Schiffrin le contestó que, por el contrario, permitía que continuaran.
En una documentada exposición, el diputado de la UCeDé, Julio Crespo Campos, manifestó que el nuncio se reunió varias veces con los diputados y con García Espil y que estaba a la espera de que la obra fuera frenada y que había advertido antes que no quería ventanas sobre el jardín, ni tampoco edificios más altos que la propia Nunciatura.
Crespo Campos cuestionó también al Procurador General, "que en su dictamen omitió los tratados internacionales que el Gobierno no puede desconocer". También expresó sus dudas respecto a que "la empresa constructora tiene la esperanza de ser expropiada, espero que no en concomitancia con algunos funcionarios", dudó. "No pueden pasar 179 días sin que las obras sean paradas. -agregó- demolieron edificios y derribaron árboles sin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interviniera y ahora están usando argucias para seguir la obra". Exigió que la obra fuera prohibida inmediatamente y también que García Espil renunciara.
El diputado Santiago de Estrada -que fue embajador argentino en el Vaticano-, intervino afirmando que "el Gobierno de la Ciudad tomó el tema con mucha liviandad. El dictamen del procurador es muy pobre". Posteriormente, afirmó que "éste es un problema político, en el que debe dictaminar la Cancillería". Manifestó que los embajadores no firmaron la nota sin consultar a sus gobiernos, por lo que "no fueron 51 embajadas las que plantearon el problema, sino 51 países". El diputado de Encuentro por la Ciudad planteó que se debería suspender la obra "por un tiempo razonable, si no va a haber un conflicto diplomático. El Gobierno, por otra parte, comenzó a actuar antes del dictamen del Procurador, puesto que autorizó la obra antes que lo emitiera".
El clima se volvía cada vez más hostil para con el secretario, que no atinaba a responder con coherencia a los muchos cuestionamientos que caían sobre él. El diputado Miguel Doy atacó al dictamen del Procurador y planteó además que hay que garantizar la seguridad, aunque "no sabemos bien qué medidas tomar para evitar el tipo de terrorismo que hay hoy".
El diputado Eduardo Valdés afirmó que había ido personalmente a la cancillería a buscar un dictamen de los asesores jurídicos del ministerio, que no le fue entregado porque el vicecanciller, Horacio Chighizola, lo tenía guardado en su propia oficina. Agregó que quizás el grupo Exxel se vendió la empresa a sí misma para iniciar las obras y cobrar luego una indemnización.
Los diputados que hablaron a continuación estuvieron en general de acuerdo con que hay que suspender las obras y que el dictamen del Procurador General fue "a medida" del gobierno. Incluso, el diputado del bloque "Piquete Socialista", Abel Latendorf, planteó que "la gente sospecha que puede haber corrupción".
Luego de solicitarlo varias veces, al final Crespo Campos logró mostrar su video, en el que se ven las obras que se están llevando a cabo en el Palacio Duhau. Muestra qué fue de la tipa que el gobierno le había prohibido cortar a la empresa -y que lo mismo fue cortada-, y cómo, cuando lo vieron filmando, le cerraron las puertas y lo obligaron a trasladarse a los jardines de la Nunciatura para continuar haciéndolo.
Finalmente, a las nueve y media de la noche, cuando de los dieciséis diputados que comenzaron la requisitoria quedaban apenas un puñado, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes a la cinco de la tarde. El diputado de Estrada planteó entonces que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería suspender las obras antes del miércoles, y que si no lo hiciera debería hacerlo -por ley- la propia Legislatura.
