"Con independencia de sus métodos u oportunidad, defendemos a la furia popular frente al Estado provocador, no la delatamos". Así cataloga la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) del Polo Obrero (PO) a los incidentes ocurridos, el viernes 16 de julio en la Legislatura, a través de un comunicado de prensa. Allí señalan que la entrega de videos a la jueza de la causa judicial por parte de los diputados porteños que investigan la participación de "servicios" en los destrozos constituye "una grave defección política en la lucha por la libertad de los detenidos".
Según el relato de APEL, cuando les permitieron ver las pruebas con las que contaba el juzgado para imputarles el delito de "coacción agravada" descubrieron "con estupor que esas ‘pruebas’ consistían en las propias declaraciones de los policías que habían realizado las detenciones, es decir que no había motivos serios para mantener detenidos a los imputados".
Dos días después, el 28 de julio, los legisladores Sergio Molina, Héctor Bidonde, Daniel Betti (Autodeterminación y Libertad); Vilma Ripoll (Izquierda Unida); Ariel Schifrin, Milcíades Peña (Confluencia); Beatriz Baltroc (Autonomía Popular); Roy Cortina (Partido Socialista); Fernando Cantero, Fernando Melillo (ARI); Tomás Devoto y Rubén Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) , acompañados por el abogado Marcelo Parrilli, presentaron a la justicia 13 videos, entre otras pruebas.
"Tomaron esta medida sin consultar a los diferentes abogados que estamos coordinando el trabajo de la defensa", recalcó la APEL, que en el documento conocido este lunes además indicó: "Esta actitud es inexplicable: No sabemos a ciencia cierta que contienen esos videos, ni si pueden llegar a involucrar a otras personas o a los propios detenidos; y no es un secreto que, luego del cierre de la Legislatura, del estallido de la provocación y de la ‘zona liberada’, estalló un ataque represivo -agua, gases lacrimógenos- y la consiguiente respuesta popular, que bien puede estar ‘documentada’ en los videos".
"En vez de reclamar la formación de una comisión independiente del Estado -continuaron los profesionales del PO-, depositan esa investigación nada menos que en la misma jueza que viene cometiendo todo tipo de aberraciones contra el derecho a defensa de los detenidos.. Luego de esta presentación, la policía ofreció al expediente 12 videos más, porque claro, no van a permitir que ahora se los cuestione por no aportar pruebas, cuando los legisladores sí lo hicieron. Nótese que en los 15 días transcurridos desde que se instruyó la causa, los servicios no habían acercado ningún medio de prueba".
"Es decir -añadieron en el comunicado- que existiendo la seria posibilidad de ‘dormir la causa’, estos legisladores la activaron, no sabemos con qué consecuencias, y hasta abrieron el camino para que los servicios presenten sus propias pruebas".
"Deploramos la actitud de los diputados de izquierda que han actuado, en este punto, sin consultar a los defensores aunque sí a sus ‘pares’ del kirchnerismo, es decir, al gobierno cuya participación en la provocación también debe ser investigada", remató la APEL.