El 2 de agosto del año pasado, una mujer llamada Mabel denunciaba en Telenoche Investiga que su hijo y muchos vecinos del Barrio del Carmen, situado entre del Viso y Pilar, padecían distintos tipos de cáncer.
Investigando y buscando razones, llegaron a la conclusión de que unos transformadores de la empresa eléctrica EDENOR, que segregaban una extraña sustancia que caía al suelo, casi en la puerta de la casa de Mabel, eran los causantes de la proliferación de los casos de cáncer. "La Lista de Mabel", como la llamaron los periodistas, descubrió para mucha gente la existencia de una sustancia llamada PCB, contenida en un aceite que se utiliza como refrigerante de motores eléctricos.
El PCB era usado -y lo es todavía- en transformadores de alta tensión, en motores de trenes y subterráneos y en otras maquinarias eléctricas.
El 3 de mayo de este año se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad el veto del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, a la Ley 559, que prohibía el uso del PCB y otras sustancias cancerígenas en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. La Ley había sido aprobada por la Legislatura porteña el 29 de marzo de este año.
Los argumentos que utilizó Ibarra fueron formales. Primero tachó a la ley de "arbitraria", porque prohibía la utilización del PCB en transformadores y condensadores, lo que haría pensar en una "distinción" negativa para esos equipos. También consideraba el Jefe de Gobierno que el plazo de 30 días que otorgaba la ley a quienes utilizaban equipos que se refrigeran con PCB era exiguo, y que no era posible reemplazarlos en ese lapso.
Lo extraño ocurrió al día siguiente de la publicación del veto en el Boletín porteño. El 4 de mayo, el Boletín Oficial de la Nación publicaba las Resoluciones Conjuntas Nº 437 y 209, de los ministerios de Salud y de Trabajo, que prohibían el uso del PCB en todo el país, así como de todos los equipos que utilizaran esta sustancia. La Resolución, firmada por Patrica Bullrich y Héctor Lombardo, exigía además el reemplazo de los equipos que utilizan PCB en el año 2010 a más tardar.
Ayer comenzó a escribirse -aparentemente, porque ahora debe ser tratada por los senadores- el último capítulo de la historia. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una ley que prohibe -en términos similares a los de las Resoluciones de Bullrich y Lombardo- la utilización del PCB de ahora en más.
La nueva ley -además de prohibir el uso de la sustancia y la instalación de nuevos equipos que la utilicen- crea un Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, en el que deben inscribirse todos los propietarios de equipos que lo contengan. El plazo máximo para la inscripción es de 180 días después de promulgada la ley.
Al igual que las Resoluciones Conjuntas, la ley exige que antes del año 2005 todas las empresas presenten sus planes de erradicación de equipamiento con PCB, en tanto que para el 2010 ya no debería haber equipos que lo empleen. La ley fue aprobada de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, que obligará a las provincias a adherir a ella, sin posibilidad de optar por hacerlo o no, como ocurre con otras normas.
El proyecto, que fue elaborado por un equipo de colaboradores del diputado bonaerense Jorge Giles (ARI), fue aprobado por las comisiones de Energía y Combustibles, Industria, Acción Social y Salud Pública, además de la Comisión de Recursos Naturales, de la que es secretario el diputado Giles.
