El contrato que firmaron el 2 de diciembre de 1999 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) formada por Itron S.A., Cam Film Works LC, Mulhivill Electric Contracting Corporation y Tecnología y Control, del Grupo Siemens, no conoció nunca buenos tiempos.
Los primeros opositores al proyecto no fueron – como cabe suponer – las masas furiosas de infractores sorprendidos por las cámaras. Los primeros opositores fueron, sorprendentemente, los jueces de faltas porteños, que anularon en forma constante las fotomultas basándose en tres puntos: la ausencia de personal policial al momento de confeccionarse las infracciones (que infringe la Ley 515), la falta de presentación del certificado de calibración de los equipos fotográficos (como lo exige el contrato antes mencionado) y los graves defectos técnicos presentes en las fotos (patentes equivocadas, errores en cuanto a la identificación de los lugares en los que se confeccionaban las multas, mala identificación de los vehículos infractores, etc.) fueron los argumentos de los jueces para "perdonar" a los automovilistas porteños.
Por estas razones, hasta hoy ninguna multa fue cobrada. Pero todo no terminó allí. Repitiendo algunas costumbres ya presentes en el tema de las empresas SEC Y STO, que fueron "compensadas" con una extensión de sus contratos, que incluían el uso a destajo de los simpáticos cepos y grúas, la Ciudad decidió extender, ya no un plazo de concesión, sino el área incluida en ésta. Fue entonces que se firmó el Acta Acuerdo del 27 de diciembre del año 2000, que dispone la extensión de la jurisdicción de la UTE a las avenidas Libertador, Figueroa Alcorta, Obligado, San Juan, Directorio, Pedro Goyena, Belgrano y Paseo Colón.
Por cada multa que sea cobrada, los concesionarios reciben 7,50 pesos. El resto le queda a la Ciudad. El contrato establece que deben confeccionarse 200.000 infracciones por mes. Si las cosas marcharan bien, el Gobierno de la Ciudad vería incrementados sus ingresos en unos 240 millones de pesos anuales, algo excepcional en estos tiempos de recaudaciones endebles y de contribuyentes cada vez más remisos.
Pero todo este proceso cuenta con un espectador de lujo, que monitorea desde la Casa Rosada los dimes y diretes de un tema que lo cuenta entre sus creadores, ya que el contrato se firmó durante su gestión. Este amigo histórico de la empresa Siemens – que fue favorecida con contratos leoninos durante las ocasiones en las que ejerció la función pública – protagonizó ya un par de encontronazos con el Secretario de Obras Públicas, Abel Fatala, con el telón de fondo de las fotomultas.
