El gobierno argentino se abstuvo de votar en la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe que denuncia la persecución del gobierno chino a la minoría musulmana uigur. El informe, que resultó rechazado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue firmado antes de finalizar su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Una decena de países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, habían pedido que el Consejo de Derechos Humanos organizara un debate sobre la región autónoma uigur del Xinjiang, en el noroeste de China, donde el gobierno chino fue acusado de cometer “crímenes contra la humanidad” por Michelle Bachelet.
En una carta dirigida al canciller Santiago Cafiero, organizaciones como Amnistía Internacional y Humans Rights Watch, entre otras, habían instado al Gobierno “a apoyar una resolución durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que posibilite que el Consejo reciba y analice el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China”.
Y, en la misma misiva, se subrayó que también “debería ser de agenda prioritaria” la moción por la renovación del mandato de la misión que investiga la situación de los derechos humanos en el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de Xi Jinping recibió el apoyo de sus aliados tradicionales, como Cuba y Venezuela, pero también de Pakistán e Indonesia, dos grandes países musulmanes, así como de países africanos. Otros países latinoamericanos que se abstuvieron fueron Brasil y México.
Qué dice el informe de Michelle Bachelet sobre China
El informe, que fue rechazado de pleno por China, fue presentado tras una larga investigación independiente realizada por la propia Bachelet. Según el reporte, China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas al aplicar políticas que implicaron detenciones arbitrarias masivas y otros graves abusos.
En un histórica toma de posición frente al gigante asiático, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos advirtió que la legislación antiterrorista china provocó la “privación de la libertad a gran escala” de esas minorías al menos entre 2017 y 2019.
Desde entonces el patrón parece haber variado y los centros en los que eran confinados los uigures -denominados por el Gobierno “centros de educación vocacional”- se han reducido en tamaño y número. Sin embargo, las detenciones siguen practicándose mediante procesos penales que han dado lugar al aumento del tiempo y cantidad de encarcelamientos de uigures en particular.
“Todos sabemos que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada con motivos políticos y su fin es minar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo”, declaró el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, tras la difusión del informe.