Vecinos, artistas y trabajadores de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires se congregaron el viernes al mediodía bajo la consigna #BailarEsCultura para protestar y reclamar frente a las puertas de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad (AGC). La intervención se realizó luego de una serie de clausuras arbitrarias y multas a espacios culturales que van de 70 mil a 180 mil pesos.
De un informe realizado por el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) se desprende que 1 de cada 4 de los espacios culturales encuestados fueron clausurados al menos una vez este año. En casi todos los casos fue durante la noche y cerca de la mitad relató que la clausura duró entre 5 y 10 días. A su vez, un 60 por ciento manifestó que los argumentos esgrimidos por la AGC no eran causales de clausura.
“No estamos en contra de las inspecciones, pero sí necesitamos que quienes vienen a inspeccionar nuestros espacios conozcan la ley que nos ampara y la haga cumplir. En nuestro caso nos clausuraron por bailar, no conocen la ley. Nos ampara la Ley 6063 de espacios culturales independientes que permite bailar, además habla de que la clausura no puede ser el primer objetivo, debe ser la última opción, últimamente llegan directo a clausurar”, explicó Agostina Agudin, directora del Centro Cultural Vuela el Pez, ubicado en Palermo.
De igual forma, enfatizó en que clausurar un espacio significa no solo cercenar el derecho a la cultura sino también al de la cultura como trabajo: “Son muchxs lxs trabajadorxs que trabajan en nuestros espacios y los perjuicios económicos de estar cerrados son altísimos”.
Otro dato relevante es que en ningún espacio cultural que participó de la encuesta recibió apercibimientos o intimaciones por faltas menores. Es decir, se procede a clausurar sin considerar los matices estipulados en la Ley 6063 e incumpliendo con los artículos 42 y 43 de la misma (por ejemplo, apercibimientos por faltas documentales).
Por estos motivos, desde MECA le presentaron a la AGC un petitorio. En primer lugar, se solicita la capacitación de los inspectores respecto a la Ley de Espacios Culturales.
Esta normativa entiende al baile como una manifestación cultural y, en ese sentido, no puede constituir un motivo de clausura en el caso de los lugares que estén registrados como Espacio Cultural Independiente.
También se exige el pleno cumplimiento de la Ley Micaela y la formación en perspectiva de género y diversidades para los inspectores, ya que trabajadoras de la cultura han manifestado recibir maltratos por motivos de género.
En tercer lugar, se reclama la modificación del artículo del protocolo de inspecciones de AGC que les habilita solicitar documentación “a discreción”, de forma tal de que se limiten solo a los aspectos críticos.
Asimismo, se exige el otorgamiento de habilitaciones definitivas a los espacios que estén en condiciones y con trámite sin observaciones y la apertura de canales de diálogo e intermediación con la AGC para resolución de trámites y regularización de habilitaciones.