Fue tan sencillo que cuesta creerlo. Una sobria resolución, que lleva en número 12/2019, firmada el 27 de diciembre pasado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas le devolvió a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) la potestad de comprar el gas para abastecer a las centrales termoeléctricas.
Matías Kulfas intenta poner en valor al mercado energético.
Esta resolución derogó la que llevaba el número 70/2018, que firmaron los entonces ministros de Energía Juan José Aranguren y de Hacienda Nicolás Dujovne, que facultaba a los generadores del Mercado Eléctrico Mayorista (MAM) a “procurarse el abastecimiento de combustible propio para la generación de energía eléctrica”. Es decir que antes cada empresa debía conseguir individualmente el gas para que sus transformadores lo convirtieran en electricidad.
La subasta de CAMMESA, que se concretó el mismo 27 de diciembre, tuvo como resultado que el gas bajara de u$s 4,89 -que era vendido en tiempos de la dupla Aranguren-Dujovne a u$s 1,80 el MMBTU. Inclusive, YPF ofertó el gas a 0,92 u$s el MMBTU, lo que era considerado en el universo Cambiemos casi como un costo por debajo de la producción.
Más allá de la estafa a los usuarios que significó la Resolución 70/2018 -¿no hay ningún precio de esos tiempos que no haya sido “inflado”?-, sería sensato suponer que una compra de CAMMESA tendería a la baja de costos porque centraliza las compras, aumentando el volumen de éstas y consiguiendo, por lo tanto, mejores precios. ¿Era ésto tan difícil de suponer?
Se sabe que el gobierno de Cambiemos buscó en todo su período que los precios no bajaran, cuidando el negocio de las empresas y no el interés de los usuarios, que sufrían al mismo tiempo los tarifazos en el gas y la electricidad y el desprecio gubernamental.
Para peor, Macri designó al frente del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) a Andrés Chambouleyron, que en diversas ocasiones fue asesor de las empresas que litigaron con el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial y, por lo tanto, del FMI-, a quien acompañó Mauricio Roitman como titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según su propio Curriculum Vitae, Roitman, “desde fines de 2014 hasta diciembre de 2015, se desempeñó como Jefe de Proyectos de Consultoría en Energy Consulting Services. Previamente, fue consultor de la firma Montamat & Asociados”. Es decir, ambos funcionarios provenían del sector privado, ante el cual siguieron respondiendo, a pesar de que se debían al sector público.
En ese carácter, Roitman avaló la unificación de precios del gas por cuenca y la dolarización de las tarifas, redondeando la estafa contra los usuarios.
Por estos días, hay ya varias asociaciones de usuarios y consumidores que se preparaban para comenzar a demandar a distintos funcionarios ante sedes judiciales. El objetivo es que esa baja se traduzca en una baja de tarifas a los sufridos usuarios argentinos.
