Bares o verde, verde o bares parece ser por estos días la disyuntiva encerrada en las plazas porteñas, que viene de la mano del proyecto que, después de varios años de discusión desde 2008, cuando fue presentado, está cada vez más cerca de hacer realidad la instalación de “sectores de descanso y esparcimiento” en plazas y parques de la Ciudad, además, claro, de la ubicación de negocios que ofrezcan comida y bebida a quien quiera ir a pasar un rato al sol. Será realidad, parece, todo indica que sí, aunque no sin resistencia.
Es que la Red Interparques y Plazas, junto a organizaciones culturales, políticas y sociales, dio comienzo, el sábado pasado, a las 15, en Parque Centenario, a la campaña “Parques sin bares”, con el objetivo de visibilizar los numerosos problemas que, según la óptica de esta organización, acarrea la pérdida de espacio público. “En diversas oportunidades, como audiencias públicas o comisiones de la Legislatura, vecinos y usuarios de distintos espacios verdes de la Ciudad nos hicimos presentes para expresar nuestro más profundo rechazo al proyecto de ley que estipula la instalación de bares en espacios verdes de la Ciudad”, cuentan los impulsores de la iniciativa.
El proyecto de ley, promovido por José Luis Acevedo, del Pro, podría aprobarse definitivamente una vez que se le dé la segunda lectura en la Legislatura. Para lograr tal condición solo faltan unos tres votos positivos. De acuerdo a la propuesta, se prevé que cada área de descanso, esparcimiento y servicios esté integrada también por “un sector de expendio de alimentos y bebidas”, en los que se prohibirá, de aprobarse la norma, la venta y exhibición de bebidas alcohólicas y la instalación de carteles o toldos en el espacio exterior. En cuanto a las comidas, eso sí, hay mayores libertades y especificidades: “Estará autorizada la venta de emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas, envueltos en papel impermeable o similar, que en caracteres visibles lleve impreso la fecha de su elaboración, nombre y dirección de la fábrica. Solo se admitirá el proceso de calentamiento mediante horno a microondas y/o eléctrico al efecto de promover la producción de energía limpia e incentivar la prevención de impactos negativos sobre el medio ambiente”.
Además, se pretende que dichos espacios tengan un sector de sanitarios accesibles de uso público y gratuito, una estación de vida saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso, de ejercitación física e hidratación gratuita, y un servicio de estacionamiento de bicicletas (el texto da la opción al permisionario de instalar un servicio de alquiler de rodados cuando en el área no existiere tal servicio ofrecido por el Gobierno de la Ciudad).
Por cada parque podrá haber no más de cinco áreas de servicio, separadas al menos por 200 metros, y además no podrán estar a menos de 50 metros de límite con la calle, para que los bares no compitan con los que haya en los barrios.
Un 30 por ciento de los permisos deberán ser otorgados a ONG, y los bares deberán tener como mínimo un empleado discapacitado. Los beneficiarios podrán manejar áreas de servicios en más de un parque. Por último, se entiende que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras que lo atinente al canon correrá por cuenta del Ministerio de Desarrollo Económico.
Ahora bien, los miembros de la Red Interparques y Plazas dicen tener, en primera instancia, razones de corte legal-legislativo para oponerse al cambio. A saber: sostienen que el proyecto viola, en principio, la Constitución porteña, en lo referido a su capítulo cuarto (Ambiente), artículo 27, inciso 3: “[El GCBA] instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”. La organización también menciona la violación a la Ley 1.777, de Comunas, puntualmente en sus artículos 10 y 11, a partir de los cuales se establece que las comunas, precisamente, deben participar en todo lo relacionado a los espacios verdes contenidos en sus territorios y, en este caso, según se denuncia, ningún consejo consultivo ni junta comunal trató el tema. Además, aducen desde la campaña antibares que la proposición desconoce la Ley 1.153 de Gestión Asociada en el Parque Avellaneda, concebido como unidad ambiental y de gestión.
Al momento de darse la aprobación de la norma en primera lectura, en noviembre último, antes del recambio legislativo, el Parlamento local, con 33 votos positivos, dio el visto bueno ni más ni menos que al marco regulatorio para el otorgamiento de permisos para instalar bares en espacios públicos mayores a 50 mil metros cuadrados. El proyecto, motorizado por el macrismo y apoyado en esa oportunidad por el interbloque Unen, estipula que, al margen de lo dicho, la habilitación definitiva de los emprendimientos estará supeditada a la construcción por parte de los privados de sanitarios accesibles de uso público y gratuito, una estación de vida saludable, un estacionamiento de bicicletas, conexión a internet gratuita y, por si faltara algo, biblioteca.
El autor del proyecto, José Luis Acevedo, explicó, al momento de presentar su idea, que “la ley busca una transformación positiva en el uso del espacio público: pasar de la concepción paisajista, donde estos lugares se conciben solamente para ser mirados, a la idea de un lugar disfrutable, vivible, aprovechable en profundidad por los vecinos”. Ante el oleaje de críticas de un sector de la oposición, bajo la premisa siempre presente de la privatización del espacio público con sello macrista, Acevedo insistió en sus argumentos: “Buscamos un nuevo proceso de utilización del espacio público que, al contrario de lo que se pretende hacer creer, tenga gran presencia del Estado, transgrediendo el paradigma del espacio verde como solo aprovechable con los ojos y los oídos, convirtiéndolo en algo que se pueda disfrutar activamente. Nosotros tenemos la convicción de que a los porteños les encanta la comodidad de tener servicios a su alcance, de eso no tenemos dudas”.
De ese modo se plantó Acevedo ante algunos de los perjuicios que la campaña de Red Interparques y Plazas expone que tendrá la nueva apuesta, como por ejemplo la quita de superficie absorbente como el césped, reemplazada por cemento. Asimismo, destaca la escasa valorización que esta idea supone del espacio público concebido, lejos de toda privatización, como enclave de la identidad cultural; el desconocimiento de la existencia de numerosas opciones gastronómicas a la vera de las plazas y parques en Buenos Aires, y el descrédito a los números, nada alentadores, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija como saludable un mínimo de 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, cuando la Ciudad posee nada más que 1,8. “Todo está reglamentado y eso es lo que nos da seguridad. Hasta la temperatura de la cocción de los alimentos está regulada”, comentó Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la Legislatura, quien apoyó la propuesta desde sus inicios.
Maximiliano Maldonado, de la organización antibares en las plazas, cuenta que la movida se irá dando en distintos parques porteños, como Ameghino, Chacabuco, Lezama, Los Andes y Sarmiento, “en donde se hablará sobre el tema para que los vecinos entiendan la problemática”. “Además –agrega el asambleísta de Parque Centenario–, armamos un cartel para que la gente pueda sacarse fotos y luego compartirlas en Facebook y otras redes sociales.” Recuerda Mauricio, otro de los gestores de la protesta, que el proyecto cuestionado aún debe ser tratado en las comisiones de Desarrollo Económico y Presupuesto, en las cuales volverán a estar presentes para reiterar las razones que dan cuerpo a su negativa. “Hacemos un especial llamado de atención a los diputados Graciela Ocaña y Cristina García (Confianza Pública), Hernán Arce (P. Socialista – Unen), Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – Unen), Javier Gentilini (Proyecto Sur – Unen) y María Eugenia Estenssoro, María Inés Gorbea, Juan Nosiglia y Hernán Rossi (Suma+ en Unen), ya que el Pro cuenta con 28 de los 31 votos necesarios para que el proyecto pase a ser ley, mientras son 25 los diputados que han expresado su postura opuesta. Entendemos que nuestros argumentos son fundamentados y veraces, y que no se puede seguir adelante con un proyecto que es claramente ilegal, que será perjudicial para los espacios verdes y, como si fuera poco, trata a los vecinos como clientes”, comentó.
Acevedo, por su parte, trajo a la memoria las experiencias exitosas que el Poder Ejecutivo local llevó adelante, de forma fragmentada, a través de la oferta, en algunos parques y plazas, de estaciones para realizar ejercicio físico, y también las denominadas postas saludables. De acuerdo al legislador, todavía no existen previsiones precisas sobre cuáles serían los primeros emprendimientos que autorizará la norma en caso de aprobarse, así como tampoco el valor del canon que tendrán que pagar los concesionarios. Sin embargo, advirtió que el primer año será bonificado a cambio de la fuerte inversión en infraestructura que deberán concretar los permisionarios. Asimismo, señaló que aunque la ley autorizaría concesiones por hasta dos décadas, los primeros permisos no superarían los cinco años, de modo que no deban ser ratificados por la Legislatura y se puedan instrumentar rápidamente “para el disfrute de los porteños”.
Ritondo, a su vez, aseguró, relativizando los palos de la contra: “Las plazas y parques de la Ciudad son un centro de encuentro y diversión de los vecinos. Pero, por otro lado, no todos esos espacios son aptos para este tipo de esparcimiento. Es por ese motivo que hemos seleccionado algunos parques y plazas que son adecuados para desarrollar este tipo de actividad económica”. Bares o verde, verde o bares: habrá que esperar la puesta en marcha para ver cómo se define la balanza del espacio público porteño.
