El miércoles, en la Legislatura de la Ciudad, se llevó adelante la audiencia pública por 31 inmuebles que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta vender. Durante la actividad, que se desarrolló de forma virtual, el Frente de Todos puso de manifiesto en reiteradas oportunidades la ilegalidad de la audiencia. El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°2 del Poder Judicial de la Ciudad hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, mediante la cual se ordenaba a la Legislatura de la Ciudad su suspensión.
Para el legislador Matías Barroetaveña el proyecto, y la manifiesta ilegalidad de seguir desarrollando de manera normal la audiencia pública (expediente 2924/2019), evidencian la verdadera naturaleza del proyecto de Larreta: promover negocios inmobiliarios, dándole la espalda a las necesidades habitacionales y de equipamientos públicos que poseen muchos y muchas porteñas.
“Realmente resulta lamentable que no se respete una decisión de la justicia. Que se pretenda avanzar con la venta de inmuebles que son de todos y todas las porteñas y que no se utilicen para jardines maternales, asistencia a mujeres en situación de violencia de género o centros de atención a personas en situación de calle, que son emergentes concretos de esta etapa tan difícil que estamos atravesando”, expresó Matías Barroetaveña, diputado por 31 inmuebles que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta vender porteño del Frente de Todos.
Además el legislador dijo: “El Gobierno de la Ciudad argumenta que la venta indiscriminada de bienes de su propiedad se debe a que la Ciudad tiene problemas presupuestarios. La realidad es que la Ciudad tiene el presupuesto per cápita más alto de nuestro país”.
Y finalizó agregando: “Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Nacional en estos días se lanzó el Plan Nacional de Suelo. Entre uno de sus objetivos apunta a que los municipios de nuestro país puedan tener bancos de suelo calidad para poder poner al servicio de las necesidades que poseen sus habitantes. Claramente, el Ejecutivo de la Ciudad va a contramano del proyecto de país que estamos construyendo, violando incluso la división de Poderes y nuestro sistema republicano”.
