La ONG “Inquietudes Ciudadanas” cuestionó la gestión de la provincia de Buenos Aires por permitir el ingreso de basura peligrosa de otros distritos.
A través de un comunicado, la organización responsabilizó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) por dictar una resolución en 2006 que establece que un “residuo peligroso puede no ser tóxico”. Según la institución sin fines de lucro, esa norma otorga “excepciones” al régimen de “prohibición de ingreso de residuos tóxicos de otras jurisdicciones”, que está regulado en el artículo 28 de la Constitución bonaerense.
La agrupación ambientalista, que encabeza Mario Augusto Capparelli, sostiene que es imposible medir la cantidad de de residuo peligroso que proviene de otros distritos e “ingresa para ser tratado con otras empresas privadas de tratamiento de desechos”.
Frente a esta panorama, la institución sin fines de lucro presentó a la Justicia y a las autoridades competentes varios pedidos de informes sobre el transporte transfronterizo de basura. La solicitud llevó a que el juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo del juez Luis Arias dictara una medida cautelar contra el OPDS, para evitar que apliquen nueva “excepciones” a la ley. La resolución fue apelada posteriormente por el organismo.
Según la ONG, existe un cuadro de “basureros, ríos contaminados como el Riachuelo y el Reconquista, plantas de deposición sobre utilizadas y subgerenciadas, como el CEAMSE”, que evidencian que “la generación de residuos y su gerenciamiento carecen de un control eficiente”.
Las críticas contra el OPDS provienen también desde el interior del organismo. Uno de sus empleados, Martín Tellechea, armó un grupo de Facebook donde cerca de 300 personas comparten los reclamos y piden que se blanqueen las cuentas de la institución.