El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo que suspendió la entrada en vigencia del Registro Público de Comercio y Controlador de Personas Jurídicas y tiene plazo hasta el próximo viernes para presentar los fundamentos.
El Ejecutivo porteño, a través de la Procuración General, criticó el dictado de la medida cautelar y la competencia del juez comercial Máximo Astorga que interviene en la causa.
El magistrado había hecho lugar a principios de febrero a una presentación de la Fiscalía General de la Cámara Comercial para que se suspendiera -por medio de una medida cautelar- y se declarara inconstitucional la ley 2.875 que creó el registro.
El juez aceptó la cautelar para ?proteger a los ciudadanos de un aparente estado de incertidumbre y de inseguridad jurídica sobre la validez de los actos que pudieran registrarse ante el organismo creado por la normativa aquí cuestionada?, según publica Diario Judicial.
La fiscal general de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, presentó una acción en donde solicitó que se declarare la inconstitucionalidad del nuevo organismo con el argumento de que ?la creación de un Registro Público de Comercio paralelo usurpa competencias de la Inspección General de Justicia (IGJ)?.
La Legislatura porteña sancionó en octubre pasado la ley que conformó un registro público de comercio y contralor societario, con el objetivo de simplificar los trámites de sociedades y personas jurídicas.
El proyecto generó polémica desde el momento en que ingresó a la legislatura para su tratamiento, ya que especialistas coincidieron en que el nuevo organismo iba a generar una superposición de funciones con la Inspección General de Justicia, un órgano que cumple en el ámbito de la Capital Federal idéntica función.
Sin embargo, la ley finalmente fue sancionada pero a poco de haber entrado en vigencia sufrió el dictado de una medida cautelar que suspendió su aplicación.
