El acuerdo que recientemente firmó el Fondo Monetario Internacional con el Gobierno Nacional incluye un pedido de que tanto el Banco Ciudad, como el Provincia y el Nación, realicen una revisión estratégica que incluya "decisiones sobre capitalización a través de la emisión pública de acciones". Es decir que coticen en Bolsa y, de esta manera, se abran al capital privado.
Esta polémica cláusula generó el rechazo verbal del presidente de la entidad financiera porteña, Roberto Feletti, del jefe de Gobierno de la Ciudad, Anibal Ibarra, del auditor Daniel Rodriguez Paz, del diputado nacional Diego Santilli (Partido Justicialista), y de los legisladores porteños Eduardo Peduto (frente Grande) y Oscar Moscariello (Partido Demócrata Progresista).
Pero la que fue más lejos en esta cruzada fue la diputada porteña Beatriz Baltroc (ARI), quien presento un recurso de amparo este jueves para reclamar que el Gobierno de la Ciudad se abstenga de iniciar el proceso reclamado por el FMI, hasta tanto la Justicia se expida sobre la constitucionalidad de los puntos cuestionados.
El viernes el titular del Juzgado Nº 10 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, hizo lugar a la presentación de Baltroc y notificó de su decisión al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía de la Nación, al Banco Ciudad, al Gobierno porteño, a la Legislatura y a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
La presentación de Baltroc sostiene que el acuerdo compromete la autonomía política – financiera y el carácter público de la banca estatal local, en claro desmedro a lo estipulado en los artículos 6º y 55º de la Constitución de la Ciudad, los cuales establecen el compromiso de los funcionarios a defender la autonomía y las funciones del Banco Ciudad, respectivamente. También el articulo 129º de la Constitución Nacional estaría en conflicto ya que reconoce la autonomía de la Ciudad.
Gallardo les informó a los organismos nacionales que deberán "abstenerse de contratar, gestionar o de manera alguna propiciar los servicios de terceros nacionales o extranjeros a fin de generar relevamientos, auditorías o evaluaciones de cualquier naturaleza que tuvieren por objeto al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de lo acordado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional".
De igual forma el magistrado decidió notificar al Banco de la Ciudad "que deberá abstenerse de suministrar cualquier tipo de información, colaborar, contribuir o de modo alguno habilitar cualquier tipo de consultoras, estudios, agencias o estructuras de investigación, sean éstas nacionales o extranjeras, que actúen en el marco de lo acordado por el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional".
Para agilizar la decisión judicial, Baltroc había pedido que se habilitara la feria "a los fines de evitar un perjuicio al erario público. En atención a que existen normas y hechos en proceso de ejecución que hacen temer la existencia de dificultades posteriores que no podrán ser subsanadas sin el pago de fuertes sumas de dinero por parte del Estado".
La legisladora porteña argumentó en el escrito que "el FMI ‘negocia’ en forma extorsiva, y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) cumple violando la soberanía nacional y el mandato popular. Así como el FMI no respeta la legislación internacional ni local, el PEN, manso y tranquilo, se persigna y corrompe sus propias normas para cumplir con el organismo internacional".
El acuerdo "viola la soberanía nacional, poniendo en manos de extranjeros la legislación local, corrompe el principio de Estado Federal, al no respetar las autonomías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, limita las facultades del Poder Judicial, colocándolo debajo del Banco Central, crea fueros para ciertos funcionarios públicos relacionados con el sistema financiero, y una serie de etcéteras tan deleznables como los descriptos", concluyó Baltroc.
