Más de una hora debatieron infructuosamente los legisladores porteños sobre si la presencia del asesor de Marcelo Parrili ?denunciado por Cristian Ritondo por amenazas- era correcta o no en la reunión de la Comisión especial Investigadora de las responsabilidades políticas de Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales. Mientras el PRO sostuvo fervientemente que Antonio Liurgo no podía estar, la oposición, sin defenderlo, sólo se limitó a exigir volver a trabajar sobre la labor del día y ?no hacer circo al que nos quiere llevar el PRO?.
Otro no como respuesta obtuvo el PRO cuando a través de Lidia Saya trató de introducir al debate la apelación presentada por el bloque macrista ante el juez Andrés Gallardo sobre la intervención del Poder Judicial en la convocatoria de testigos a la Comisión. Saya cuestionó los motivos por los cuales Martín Hourest, como presidente de la Comisión, decidió recurrir a Andrés Gallardo y también leyó la apelación que presentó, por su parte, la fiscal Ana di Iorio.
Hourest, por su parte, retrucó que eso fue explicado en la reunión anterior (en la que el PRO no estuvo) y minimizó la denuncia.
El último no recibido se dio cuando Martín Borrelli se refirió a los papeles de la SIDE que llegaron a los despachos de los diputados con las razones por la cual los funcionarios nacionales no concurrirían a la Comisión. Borrelli se refirió al caracter "secreto" de esas hojas y reclamó "mayor cuidado y seriedad en lo que se hace". Cerruti, como secretaría de la CEI explicó que las hojas que circularon eran solo dos de las cuatro que habían enviado y que las de carácter "reservado" son las que no se hicieron circular.
Ya, durante el trabajo de la labor del día, el legislador Diego Kravetz (presidente del bloque Peronista) resaltó el retraso en el envío de la prueba documental por parte de la Policía Metropolitana e instó al Presidente de la CEI a que se acelere este proceso, o en todo caso, que la Comisión pudiera visitar las instituciones para proveerse del material. Martín Hourest agregó al pedido de Kravetz, el Ministerio de Justicia y Seguridad y el de Educación. Borrelli advirtió que la CEI ?no está facultada? para hacer ese tipo de acciones, pero sin embargo, el pedido de Kravetz fue votado y aprobado (solo la oposición).
Por último, la secretaria de la CEI leyó el listado de testigos convocados para el lunes y martes próximo. El lunes 4 de octubre será el turno de Agustín Gamboa (secretario general de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad) y de las autoridades de la Universidad de La Matanza.
