La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires anunció que otorgará beneficios impositivos a aquellos comerciantes y empresarios que contraten para trabajar a ex presos o a personas con alguna discapacidad por su contribución a la inserción social. Todos los contribuyentes que posean empleados en esas condiciones, pagarán a cuenta el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un monto equivalente al 50% del salario que reciba cada trabajador.
Según la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro de Arba, el trámite puede realizarse íntegramente a través de la página de internet (www.arba.gov.ar) y consiste en la presentación de una declaración jurada con los datos de los empleados y los certificados correspondientes a través del aplicativo. Una vez completada la información de manera mensual, el contribuyente deberá imprimir la constancia que le servirá como comprobante para presentar en caso de ser requerido.
El titular de Arba, Martín Di Bella, explicó que “este incentivo fiscal busca ampliar las posibilidades laborales de quienes ya cumplieron su condena, como así también de aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad. En ambos casos se trata de utilizar y fortalecer la herramienta del trabajo como mecanismo para la integración e inclusión social”.
Di Bella sostuvo que “con esta iniciativa la Provincia lleva adelante una medida que estimula el acceso al trabajo como derecho humano fundamental. Asimismo, en el caso de las personas en conflicto con la ley penal permitiría una disminución en la reiterancia y reincidencia delictiva, con su correspondiente impacto positivo en la seguridad ciudadana”.
Con esta iniciativa, la Agencia pretende hacer efectivas las herramientas de inclusión social y se pone en sintonía con la Ley 14.301 que insta a ocupar a los liberados con domicilio o residencia en territorio provincial que reúnan las condiciones de idoneidad para el puesto. Asimismo, se promueve la instrumentación de un incentivo impositivo para los empleadores que contraten liberados o personas discapacitadas, así como la prevalencia de los mismos en los mecanismos de contratación de bienes, obras y/o servicios por parte del Estado Provincial.