El juez Cladio Bonadio ordenó este viernes nuevos allanamientos que tuvieron por destino el Ministerio de Planificación Federal, le empresa petrolera YPF y su melliza, Enarsa. Esta decisión del juez fue considerada por los observadores como una respuesta a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que ordenó su apartamiento de la causa Hotesur, en la que pretendía investigar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus familiares por presunto lavado de dinero.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler resolvieron un recurso presentado por la sobrina de la presidenta, Romina Mercado. El juez Eduardo Farah votó en disidencia con sus colegas, en favor de la permanencia de Bonadio en la causa.
El juez dispuso los procedimientos que se llevaron acabo en YPF, Enarsa y la Secretaría de Energía, en el marco de un expediente judicial que investiga varias importaciones de gas, que llegaron a la Argentina por mar.
Para realizar estos procedimientos, Bonadio utilizó a la Policía Metropolitana, repitiendo el recurso que utilizara para allanar Hotesur, que le valió su desplazamiento.
La denuncia original la realizaron los legisladores del Pro Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, que atribuyeron al Gobierno la comisión de diverses irregularidades en las operaciones de importación de gas por la vía naval. Los legisladores inculparon a funcionarios por la presunta recepción de dádivas y preguntaron por las funciones como intermediaria de la empresa YPF, que terció en las negociaciones entre Enarsa y sus proveedores
La denuncia original fue realizada en octubre del año pasado por los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich por irregularidades en la importación de gas en barcos. Los dirigentes opositores quieren saber si se pagaron “dádivas o sobornos”. En la presentación consultaron, además, sobre las funciones que cumple YPF desde 2012 como intermediario entre los proveedores de gas y Enarsa.
Los diputados opositores destacaron que “YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley” y por eso pidieron “determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función”.
