En los últimos días de diciembre, cuando era inminente el comienzo de la feria judicial, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 11, Claudio Bonadío, sobreseyó a cinco policías que el 20 de diciembre de 2001 prodigaron variadas “vejaciones” a los manifestantes, que protestaban pacíficamente contra el Gobierno de Fernando de la Rúa.
Entre quienes fueron brutalmente reprimidos ese día estaban las Madres de Plaza de Mato, que fueron golpeadas, atropelladas y derribadas por los caballos de los represores. Como consecuencia, varias ancianas debieron ser auxiliadas por los médicos a causa de sus heridas.
En su fallo, Bonadio arguyó que el delito de los policías había prescripto. El fiscal a cargo de la instrucción, Franco Picardi apeló el fallo, con el argumento de que los policías Ernesto Sergio Weber, Fernando Héctor Villegas, José Luis González, Luis Oscar Rodríguez y Ramón Feliciano Vargas siguieron desarrollando funciones en el Cuerpo de la Policía Montada, lo que invalidaría la prescripción.
La demora en el fallo se produjo, según versiones judiciales, a causa de que los policías no habían sido identificados, aunque la realidad haga suponer algún grado de “desidia” cómplice en la tardanza. No es posible argumentar desconocimiento en esta materia, en los tiempos en que reina la tecnología digital.
En el mismo sendero, en 2016 el Tribunal Oral Federal Nº 6 condenó a cuatro años y nueve meses de prisión al secretario de Seguridad de De La Rúa, Enrique Mathov y a cuatro años de prisión al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, acusados por ser los responsables de la irracional represión del 19 y 20 de diciembre, que provocó cinco muertos y centenares de heridos.
