Este miércoles se conoció el fallo judicial que pone freno al Gobierno porteño para ser “querellante” en la causa en la que se investiga el desalojo del Taller Protegido número 19, hecho que tuvo lugar el 26 de abril pasado, y en el que resultaron heridos médicos, pacientes, legisladores, periodistas y personal de la policía.
La Cámara del Crimen desestimó el planteo del titular de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad, Francisco D’Albora, quien había pedido que el Gobierno porteño fuera “tenido por parte querellante”.
La disposición señala que los hechos ocurrieron “en circunstancias en que personal de la Policía Metropolitana prestaba colaboración a fin de que pudiera ejecutarse en dicho predio la ‘Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental’, un grupo de personas reaccionó físicamente contra los uniformados”.
En ese contexto y según informa DyN, policías metropolitanos sufrieron “distintos tipos de lesiones, y a su vez habrían dañado tanto los elementos de protección que portaban estos últimos, como los cercos perimetrales de la obra”.
Pero al mismo tiempo, destacaron los camaristas Carlos González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, “con motivo del accionar policial también habrían resultado heridos pacientes, médicos y enfermeros del nosocomio de mención, así como periodistas, legisladores y agentes gremiales”.
Ello derivó en dos causas en las que “resultan imputados miembros de la Policía Metropolitana y funcionarios del gobierno de la Ciudad, tales como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, en orden a los delitos de daño agravado, lesiones, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona”.
Si bien el juez de instrucción Jorge Adolfo López resolvió tramitar las causas por separado, la Cámara consideró “la evidente relación entre los legajos pues las conductas a dilucidar se ubican en un mismo contexto. Es innegable que todas confluyen en el suceso que tuvo lugar el pasado 26 de abril”.
Ante ese escenario, la pretensión del representante de la procuración porteña, Julio Conte Grande “de actuar en el proceso en representación del Gobierno de la Ciudad no puede prosperar pues acceder a ello instauraría en la pesquisa del evento una incompatible asunción de roles antagónicos, como es la de ser los funcionarios públicos imputados y a la vez acusadores”.
El fallo destaca que la investigación sobre lo sucedido en los Talleres Protegidos se encuentra aún en “estado embrionario”.
La semana pasada, en la Legislatura se presentó un proyecto de reedificación del lugar afectado.
