“Acá poco importa lo individual, lo importante es lo colectivo. Hay que seguir peleando por una Argentina distinta”, dijo Amado Boudou en cuanto salió, al anochecer, de la cárcel de Ezeiza, como consecuencia de una resolución del TOF 4 que por mayoría consideró que no había razones para que estuviera detenido sin encontrarse firme aún la sentencia en su contra.
El ex vice mostró pesar por otras personas que continúan privadas de la libertad: “Hay presos políticos, pero también presos políticos empresarios y sindicalistas”. Para ellos, acotó, seguramente “va a ser una Navidad muy triste”. La suya, agregó en un rapto de angustia, será con sus hijos y su esposa, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. El tribunal resolverá este jueves si beneficia con la misma medida a José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone, aunque este último tiene prisión domiciliaria.
Boudou, igual que el resto de los detenidos del caso Ciccone, fue a prisión apenas se conoció el veredicto que dictó el TOF 4, a comienzos de agosto último. En ese entonces la decisión de privarlos de la libertad fue firmada por Pablo Bertuzzi –que pugnaba por ser trasladado a la Cámara Federal– y Néstor Costabel, que se basaban en supuestos peligros procesales, en parte porque un tramo de la investigación continuaba en primera instancia.
Gabriela López Iñíguez discrepó con la detención. Pero la defensa planteó la excarcelación a partir de que el viernes el juez Ariel Lijo dio por terminada la investigación que quedaba en sus manos, con los procesamientos del banquero Jorge Brito y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. El planteo era: ¿cómo va a entorpecer una pesquisa que ya terminó?
Hoy la integración del TOF 4 es distinta a la que hizo el juicio, porque Bertuzzi consiguió su traspaso a la Cámara e ingresó Adriana Pallioti. Esta jueza comparte criterio con López Iñíguez, de modo que la postura que defiende como premisa la libertad durante el proceso se impuso. Eso se facilitó porque el fiscal Marcelo Colombo comparte ese criterio. De hecho, ya se pronunció el miércoles a favor de conceder la libertad a Núñez Carmona y Ciccone. La última palabra la tendrá hoy el tribunal.
Boudou pudo recuperar la libertad después de pagar una fianza de un millón de pesos y deberá utilizar una tobillera electrónica con GPS que indicará su ubicación y cotejará que no se aleje a más de 100 kilómetros. Ayer se lo veía sereno y, en un diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales, se refirió a la situación crítica que atraviesan los jubilados y los trabajadores en general. Alertó que con el pago de la llamada “pensión universal” “las mujeres van a percibir un 20 por ciento menos”. En un tramo se refirió a los empresarios que están detenidos, entre ellos Cristóbal López y Fabián de Souza, del grupo Indalo, o Lázaro Báez, y sostuvo que “hay interés de robarles las empresas”.
El fallo que condenó a Boudou a cinco años y diez meses de cárcel todavía debe ser revisado por la Cámara de Casación Federal y, quizá, según qué planteos se hagan, también por la Corte Suprema. La regla judicial siempre fue que recién al final de esas revisiones se define si el imputado o imputada va a prisión para el cumplimiento de la eventual condena.
De hecho, el propio Tribunal 4 jamás había detenido a alguien al momento del veredicto, incluso en juicios de gran trascendencia, como el de los sobresueldos del menemismo, o el juicio por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. La detención del ex vicepresidente con el argumento de que el delito era grave y el hecho complejo va contra todos los precedentes. Aunque esté libre ahora, también existe la posibilidad de que vuelva a la cárcel por decisión de instancias superiores. Las juezas detallaron en la resolución de anteayer que Boudou “no incurrió en rebeldías, no ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, no intentó fugarse en el momento de sus anteriores detenciones, ni fue hostil, ni ejerció violencia que permita pronosticar que no se someterá a la persecución penal”.