El Ministerio de Seguridad Nacional ha presentado este lunes una denuncia formal por mal desempeño contra el juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta acusación surge a raíz de una decisión del magistrado que obstaculizó la intervención de las fuerzas federales de seguridad durante la movilización de jubilados programada para este miércoles en frente del Congreso Nacional.
La denuncia fue interpuesta por Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio. En su representación, solicitó que se evalúe la actuación del juez que está a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad.
En el escrito, Soto afirmó que Gallardo incurrió en mal desempeño “por haber intervenido en una causa sin contar con competencia ni jurisdicción para ello”. El Ministerio de Seguridad sostuvo que el juez resolvió sobre “una situación futura e hipotética”, ya que el amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN no se basó en un hecho concreto sino en una protesta prevista para días posteriores.
La denuncia explica que los actores solicitaron al juzgado que “se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abstenerse de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas federales en el territorio de la Ciudad, por fuera de los supuestos previstos por la ley 24.059”.
Asimismo, solicitaron que se inste al GCBA a “coordinar y llevar a cabo un operativo de seguridad” para la manifestación organizada por jubilados y sindicatos ante el Congreso.
De acuerdo con el Ministerio, esta solicitud fue “idéntica” a la que ya había sido discutida y desestimada en otro caso (“Red Federal de Derechos Humanos”), en el cual el juez de primera instancia se declaró incompetente para evaluar la legalidad del accionar de las fuerzas federales, decisión que fue posteriormente ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
“El asunto ha sido resuelto en diversas instancias judiciales”, afirmó el dictamen del fiscal, quien añadió que la acción debía ser desestimada in limine “por falta de legitimación activa”, dado que no se comprobaba “la existencia de un caso judicial” sino que se trataba de un planteamiento “abstracto” y “fundamentado en informaciones periodísticas”.
Además, señaló que si se alegaba una infracción de derechos por parte de las fuerzas federales, la acción debía ser dirigida contra el Estado Nacional y gestionada en la justicia federal. “La justicia local debía abstenerse de intervenir”, argumentó el fiscal, y advirtió que “cualquier intervención judicial en este contexto sería claramente inadecuada y podría constituir un abuso del sistema”.
