En resumen, el gobierno de Macri exige acciones inmediatas para aliviar la sobrepoblación en las comisarías y así detener las fugas. Aseguran que el gobierno nacional no está trasladando a un número adecuado de detenidos para alcanzar este objetivo.
La decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, dirigido por el juez Norberto Circo, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, generó una fuerte reacción de Bullrich hacia el alcalde de la Ciudad.
“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño.
“Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisó en relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que ya fue apelada y que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.
En ese sentido, adelantó que el Ministerio de Seguridad Nacional considera que la Justicia de la Ciudad “se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales”.
A la vez, en la misiva, la funcionaria hizo referencia a la versión brindada por la gestión de Macri sobre la cantidad de ingresos semanales a penales federales.
En ese sentido, afirmó que “en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal”.
Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.
Al mismo tiempo, reveló las medidas propuestas por Nación mientras se termina de completar la obra de la prisión de Marcos Paz para los presos de la Ciudad.
“El 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, afirmó.
Y siguió: “En conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada”.
Añadió que se trataban de “paliativos”. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró.
Por su lado, desde la gestión porteña habían señalado a este medio que ya se retomaron las obras en esa penitenciaria y que estiman que estará terminada para diciembre de este año.
Para Bullrich, la crisis actual de detenidos en la Ciudad es resultado de “decisiones políticas erróneas que hoy afectan la seguridad de los porteños y el bolsillo de los argentinos”. En este contexto, presentó los costos asociados al sistema penitenciario federal. “Desde que asumimos, hemos recibido más de 5000 internos por delitos comunes en la Ciudad. Actualmente, el sistema penitenciario federal alberga a 11.500 internos, de los cuales 6.000 son detenidos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, lo que representa un costo anual de $156.639.750.000 para el resto de los ciudadanos del país”.
Esta afirmación es una respuesta directa al Gobierno porteño, que había informado esta semana que cada detenido en sus comisarías y alcaldías cuesta a los vecinos $83.576 diarios. “Hace 9 años podría haber establecido su propio Servicio Penitenciario. La demora es característica de una administración que no asume la responsabilidad por los presos que su política de seguridad genera”, se quejó la ministra de Seguridad nacional.
La Ministra sostiene que las actitudes que atribuye al gobierno porteño ponen en peligro la transferencia. “Afectan la necesaria buena fe que debe prevalecer en toda negociación seria”, afirmó. Y añadió: “Esta administración no aceptará ningún tipo de coerción, ya sea directa o indirecta”.
