Fabio Quetglas, diputado nacional (Cambiemos) es uno de los principales impulsores de un proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado por unanimidad en la Cámara baja, que propone urbanizar las villas y darles a sus ocupantes los títulos de las propiedades. El legislador, especializado en el tema, admite que este “blanqueo” es polémico, pero lo considera necesario y está convencido de que es el único camino.
–¿Cómo sabemos que el proyecto del Gobierno no va a ser otro plan de urbanización de las villas que no se va a realizar?
–El Poder Ejecutivo nacional creó un registro nacional de barrios populares. Fue la primera vez en la historia argentina que tuvimos información específica sobre lo que pasaba en los asentamientos informales. Cantidad de ocupantes, de conexiones a servicios públicos, de tierras que se ocupaban. El estudio lo hizo la Jefatura de Gabinete con un conjunto de organizaciones sociales, Cáritas, Un Techo, Barrios de Pie. Eso llevó un año y medio y fue una divisoria de aguas en la historia argentina. No fue un trabajo aleatorio. Se logró determinar que en la Argentina hay más de 4.000 barrios informales. Para llegar a las conclusiones se hicieron varios procesos para obtener información de base. Y esa información es la que permite ahora al Ejecutivo enviar el proyecto de ley que propone acciones concretas y que se va a llevar a cabo.
–¿En qué consiste?
–Suspende los desalojos en las ocupaciones de suelo privado de barrios por cuatro años, pone como sujeto de expropiación el conjunto de tierras privadas ocupadas, o sea que le da una categoría jurídica, y le impone al Ejecutivo nacional la obligación de pactar con los ejecutivos provinciales un programa provincia por provincia, para generar una estrategia de integración socio-urbana. Los objetivos de la ley son dos: que los ocupantes accedan a un título formal de propiedad, a cambio de una contraprestación prevista por la ley, y que esos barrios tengan una estrategia, cada uno según sus necesidades. Una estrategia de integración socio-urbana significa que puedan acceder a los servicios públicos de manera razonable, que tengan apertura, que haya instituciones y equipamiento público, que esos barrios tengan una estrategia cada uno.
–¿Para cuándo estaría vigente?
–La ley establece un marco institucional. Precisa un plan posterior. Una vez que se vote en el Senado, se reglamente y se hagan los convenios provincia por provincia, estará vigente.
–¿Habrá acuerdo en el Senado?
–Supongo que en el Senado se va a votar a fin de año y que vamos a tener una reglamentación a principios del año que viene. Seguramente, todo el año que viene se llevarán a cabo los convenios con las provincias, y a partir de ahí, barrio por barrio, se va a diseñar una estrategia. En Diputados salió por unanimidad. En el Senado, donde se defienden más los intereses provinciales, van a meter un poco la cuchara los gobernadores para tener más control del proceso, por ejemplo en el financiamiento. Pero va a salir, es difícil votar en contra de esto.
–¿Tuvieron resistencias con respecto a “perdonar” irregularidades?
–Esta ley es un blanqueo urbano, por más que resulte antipático decirlo. Hay una situación irregular de ocupación del suelo por parte de personas que no son los dueños y, de alguna manera, la ley procede a hacer borrón y cuenta nueva. La pregunta moral es si corresponde que el Estado se haga cargo. Yo tengo 53 años, en mi vida hubo siete u ocho blanqueos fiscales, hubo varios blanqueos laborales e indultos, personas perdonadas por delitos. No es que la Argentina es un país superestricto, hay antecedentes de este tipo de acciones.
–¿Hay condiciones para que no se puedan producir irregularidades nuevamente?
–Yo estoy trabajando en un programa para facilitar los loteos populares en ciudades de 300 mil habitantes, de manera que se pueda acceder a un lote para hacerse su propia vivienda. Así se le saca la presión a las ocupaciones. En el mundo de los ocupantes informales, muchos lo son porque la Argentina no tiene un sistema de crédito. Muchos son gente que tiene un ingreso. De hecho, entre los ocupantes hay mucha gente que tiene una alta expectativa de acceder al título, porque el título significa seguridad en la ocupación, invertir, dejarles algo a los hijos.
–¿Por qué urbanizar las villas?
–Transformar a los ocupantes en propietarios cambia mucho su posicionamiento socio-ambiental. Facilita el acceso al crédito, mejora las condiciones de inversión pública y privada, baja el ausentismo laboral, educativo, aumenta la densidad asociativa, baja los niveles de violencia. Si no hacemos este proceso de integración socio-urbana en los lugares donde no está presente el Estado, empiezan a operar otros poderes. El Estado tiene que poder acceder a esos lugares con equipo público. La verdad es que, además de beneficiar a los ocupantes, benefician a los no ocupantes. Si vivís cerca de una villa y ese lugar mejora, aumenta el valor de tu propiedad, aunque esté a 50 metros de la villa. Las empresas de servicios públicos están desesperadas por poder acceder a esas zonas porque tienen problemas de extensión en los servicios por la interrupción en las vías. Ahora falta que la ley se aplique, pero mi posición fue defender esta iniciativa que pone por primera vez este problema como una patología social grave.
–¿En dónde es más grave la situación?
–Hay tres morfologías de villa. La villa en altura, como la 31, es la excepción, de los 4.200 barrios debe haber diez así. La morfología típica es muy densa, de bajos y respetando el amanzanamiento tradicional de la Ciudad. Los pasillitos internos se hacen para que entre más gente en una manzana. Ahí puede haber necesidad de relocalización, pero lo cierto es que los casos más graves son los de los tres conurbanos: de Córdoba, de Rosario y de Buenos Aires. Y, dentro de Buenos Aires, La Matanza, que tiene 175 villas y asentamientos. Hay personas que tienen vivienda formal con déficits de servicios, que son dueñas de su lote, donde tienen agua pero no cloacas, donde las conexiones son irregulares.
–¿Será un caballito de batalla para el año electoral?
–El hecho de que esté involucrada la ministra Stanley marca que es un tema donde el Gobierno quiere poner énfasis. Porque es algo estructural y nunca nadie se ocupó de esto, transforma a los ocupantes en ciudadanos, hay una idea detrás. Yo, como toda persona que viene del mundo académico, estoy más acostumbrado a ver la complejidad, pero pareciera que el Gobierno lo tomó con mucha energía, no es una iniciativa más. Vino el proyecto de ley, y votamos rápido en Diputados. Otros proyectos están en la calesita, pero este vino con acelerador.