La exlegisladora María José Lubertino participó como oradora de la audiencia por la reurbanización ese barrio.
Al finalizar la audiencia, sostuvo que los legisladores “no pueden resolver sobre el destino de las tierras en cuestión debido a que estas pertenecen a la Nación”.
Según explicó, “los terrenos pertenecían al erario ferroviario pero fueron desafectados por un decreto presidencial que permitió que, en base a un expediente vacío, que no ha sido aprobado o por lo menos visto por las dependencias que obligadamente deberían expedirse, se desguacen las únicas vías férreas de larga distancia que quedaban”.
Asimismo, dijo que con esto “se permitió que se destruyan galpones y vagones, estos últimos para venderlos a 70 pesos la tonelada, además de tirar abajo la cabecera de la estación que fue declarada como Edificio Histórico”.
La dirigente denunció que el objetivo del proyecto presentado por el bloque del Prp es extender la avenida Triunvirato siete cuadras más. Sobre esta ampliación opinó que “no mejorará para nada el tránsito, que desbordará la avenida Federico Lacroze, y convertirá terrenos ferroviarios permeables al agua en cinco carriles de pavimento impermeable, además de contaminar terrenos ecológicos”.
En este sentido, expresó que lo que hay detrás de esta obra es “una inversión pública para meter una cuña en los terrenos y luego convertir todo en un inmenso y jugosos negocio inmobiliario privado”.
La actual directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) se refirió también a la reacción de los vecinos del barrio Playón de Chacarita frente al proyecto de reurbanización del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). “En una asamblea multitudinaria el engañoso proyecto del IVC fue abucheado por el barrio y los integrantes de la directiva del IVC despedidos con cánticos adversos”, recordó.
Para Lubertino este rechazo se debe a algunos puntos polémicos que plantea la ley propuesta por el oficialismo. “La primera parte de esta maliciosa ley recorta al máximo la participación del barrio y anula directamente la intervención de la organizaciones sociales que hace muchísimos años trabajamos en el mismo. La segunda parte es aun peor aun porque zonifica estos terrenos de manera de dejar el menor espacio posible para viviendas y garantizarse la construcción de torres de alta gama para permitir que los funcionarios de turno embolsillen jugosas prebendas”.
Lubertino remarcó que este proyecto también implica la desaparición de los terrenos de El Galpón, donde funciona una huerta donde los niños del barrio concurren para aprender sobre las formas de cultivo urbano, y las tierras aledañas que desde hace 14 años están concesionadas a la Asociación Mutual Sarmiento.
“Muy trabajosamente, con la intervención de prestigiosos profesionales y de forma autónoma y autogestiva, se han reconvertido esos terrenos en Área Agroecológica. Allí se compostan los residuos orgánicos del barrio, se practica lumbricultura, se siembran especies benéficas para el suelo, se plantan árboles, se colocan abonos orgánicos, entre otras actividades”, describió.
En el mismo sentido, destacó que en El Galpón “trabajan alrededor de 400 familias productoras de todo el país y se alimentan cerca de 2000 familias por semana con productos sanos y de la economía social”.