El fiscal federal, Eduardo Taiano, ya pidió medidas para retomar las investigaciones que estaba llevando a cabo el fallecido fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento del Gobierno del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.
Esto surge a raíz de una denuncia a cargo del juez federal Claudio Bonadio contra el ex canciller Timerman por encubrimiento a raíz de una conversación telefónica entre el exfuncionario kirchnerista y el ex titular de la AMIA Guillermo Borger, en la que el primero aludió a Irán como culpable del ataque que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633. Asimismo, la denuncia apunta a la exPresidente por la misma causa.
“Los hechos aquí denunciados podrían resignificar datos que obran en la denuncia que diera origen a aquellas actuaciones y poseerían entidad suficiente para impulsar nuevamente la investigación de los sucesos allí denunciados”, consideró Taiano en el dictamen presentado este jueves 4 ante Bonadio.
Así, el fiscal solicitó a Cancillería y a la Agencia Federal de Inteligencia toda la documentación sobre el Memorándum, incluida aquella confidencial o secreta; y le pidió al juez Bonadio que requiera a su par Daniel Rafecas el envío de la denuncia de Nisman, archivada por este último magistrado sin investigar porque entendió que no hubo delito.
Además, solicitó que se pida a la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra, el envío de “la totalidad de la documentación (aún la que pueda revestir carácter de secreta o reservada) vinculada a la negociación y firma del Memorándum de Entendimiento” entre Argentina e Irán por el atentado.
Es que todo dato es de utilidad para la investigación de la causa: estudios, dictámenes, opiniones o documentos de cualquier tipo.
También requirió citar como testigo a la por entonces asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Ruiz Cerutti y a los periodistas que escribieron sobre el tema, Daniel Santoro y Luis Rosales.
En esa denuncia, el fiscal aludió a “un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina”.
