La Ley 31 que organiza el Consejo de la Magistratura de la Ciudad podría convertirse en tema de la agenda legislativa en el cierre del período de sesiones ordinarias del Parlamento porteño. En los últimos días, dos iniciativas, una impulsada por el macrismo y otra presentada por el kirchnerismo, ingresaron a la Legislatura con el objetivo de generar algunos retoques en la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura local.
Si bien el articulado que define el funcionamiento del Consejo porteño es una de las primeras leyes sancionadas a partir de la autonomía porteña, ya se han generado varias modificaciones siendo la más reciente, la reforma aprobada a fines del año 2012. En la última sesión ordinaria del año pasado, la Legislatura decidió sumar al Consejo de la Magistratura la función de “gobierno” del Poder Judicial , a las tradicionales funciones de selección de magistrados y administración. En dicha oportunidad también se aprobó incorporar la competencia para “establecer la política salarial del poder judicial y del Ministerio Público y a propuesta del bloque Proyecto Sur, se incorporó la imposibilidad para que los consejeros puedan ejercer su cargo “simultáneamente con cualesquiera de los siguientes cargos: Miembro del Jurado de Enjuiciamiento; Jurado en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura; Juez o magistrado del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ante éstas última modificación -la prohibición de realizar por parte de los consejeros otras actividades vinculadas a la justicia- motivó la presentación reciente de un proyecto de reforma. De autoría del legislador Alejandro Amor (Frente para la Victoria), días atrás ingresó al parlamento una iniciativa que propone modificar la Ley 31 incorporando una cláusula transitoria para aclarar que “respecto a la incompatibilidad de ejercer simultáneamente el cargo de Juez/a de la Ciudad y Consejero/a de la Magistratura, no resultará aplicable a quienes hubieran asumido el mandato como representantes de aquél estamento con anterioridad a la publicación de la Ley 4460”.
Este proyecto impulsado desde el bloque K surge a partir de la inquietud por parte de algunos de los actuales consejeros jueces (Alejandra Petrella, Gustavo Letner y Ricardo Baldomar) de volver a atender sus juzgados, sin tener que renunciar a su cargo de consejero. Según comentaron fuentes judiciales a Noticias Urbanas, Petrella, jueza del fuero Contencioso, sería la que mayor interés manifestaría de volver a trabajar en el tribunal y habría manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por desatender por 4 años su juzgado cuando, al momento de haber sido candidata a consejera, no existía la limitante de ejercer los dos roles.
“Si bien es atendible que el legislador, por su condición de tal pueda modificar leyes, sus efectos no podrían alterar la situación de quienes ingresaron al cuerpo durante la vigencia de la Ley 31 –y sus modif. a ese momento–. Por haber sido integrado el estamento de los jueces/zas de la actual composición del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de mayo de 2012, previo a la sanción de la Ley 4460 que modificó la Ley Orgánica, es que pido al cuerpo la sanción del presente Proyecto de Ley”, fundamenta Amor en su proyecto.
Desde el bloque macrista, a instancias del legislador Francisco Quintana, también se presentó la semana pasada un proyecto de modificación de la Ley 31. La propuesta del bloque PRO consiste en unificar en un sólo cuerpo normativo dos leyes que regulan la administración del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura y la Ley 1988 que creó la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad.
“Siendo que ambos cuerpos normativos tratan idéntica materia, complementándose pero a la vez reenviándose, y habiendo ambos sido modificados en diversas oportunidades, resulta necesario, y conveniente, en aras de la aplicación de una técnica legislativa más precisa, unificar en un único cuerpo normativo todas las disposiciones vientes, a los fines de otorgar mayor certeza a los operadores jurídicos y por consiguiente brindar mayor ejecutividad al funcionamiento de un órgano constitucional”, explica Quintana al fundamentar su iniciativa.
Estos dos proyectos serían incorporados en breve a la agenda definida por la Comisión de Justicia de la Legislatura que preside Martín Ocampo (legislador del PRO y candidato a Fiscal General de la Ciudad). Si bien por el momento estos dos proyectos serían el eje de la reforma a la ley 31, la experiencia sobre la práctica legislativa permite presuponer que, una vez abierto el debate para reformar esta normativa, nuevos cambios pueden irse proponiendo en la mesa de discusión.
