Anoche se realizó una mesa redonda sobre "Seguridad en Buenos Aires", en el que expusieron el vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, Jorge Enríquez; el subsecretario de Seguridad de la Ciudad, Eduardo Thölke; el director del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana
del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gustavo Palmieri; el decano de la Facultad de Ciencias de la Seguridad de la Policía Federal, comisario general, Roberto Rosset y José Manuel Ugarte, que es el autor del libro "Legislación de Inteligencia" y asesor parlamentario.
Los expositores – que desarrollaron sus ponencias en el Salón San Martín de la Legislatura porteña – coincidieron en un concepto: la seguridad no se agota en la policía, pero sin policía no hay seguridad. También, todos coincidieron que debe pasar a depender del Gobierno porteño. De todos modos, se vieron posiciones muy disímiles, coincidentes con la posición que ocupan los panelistas. Los funcionarios públicos – Enríquez, Thölke, Rosset y Ugarte – defendieron el accionar de las instituciones que representan, en tanto que Palmieri, que no lo es, fue el único que se ocupó de cuestionar los atropellos que las instituciones encargadas de la seguridad suelen regalarles a los ciudadanos.
Abrió el evento Jorge Enríquez, que planteó que "el gobierno anterior nos dejó un margen escalofriante de desocupación y de miseria. Por eso, cuando estuvimos en el gobierno nos dimos cuenta que había que poner el acento en la cuestión social. Así fue que fortificamos a los clubes barriales y a otras instituciones, con el objeto de crear un poderoso mallado social que obrara como contención"
"Uno de los problemas mayores que tenemos para mejorar la seguridad es la Ley Cafiero, que privó a la Ciudad de Buenos Aires de una policía de seguridad propia – agregó el vicepresidente de la Legislatura -. No se entiende cuál es el interés federal que obliga a que el policía que está parado en Alvarez Jonte y Segurola lo maneje la Nación. También nos podríamos preguntar lo mismo con respecto a un juez que falla sobre una herencia".
Cuando hablaba el diputado, de pronto, dos bombas de estruendo se dejaron sentir con fuerza en el lujoso salón. Finalmente, Enríquez aseveró que "no queremos vivir en la ciudad del miedo, queremos vivir en la ciudad de la solidaridad".
Ugarte, por otro lado, dijo que "la seguridad pública es la segunda preocupación de los porteños, detrás del desempleo. Esto, a pesar de que las estadísticas son más o menos buenas. En el año 1990 hubo, en total, 90.000 delitos y ahora estamos en los 200 mil delitos anuales".
Ugarte atribuyó cierto déficit en la actuación policial frente al delito a partir de que "el país estuvo militarizado, lo cual no ayudó al desarrollo de la institución policial. De todas maneras, eso terminó en 1983, pero luego la sociedad no supo asumir la conducción de su propia seguridad".
Propuso, finalmente, que la futura policía debe contar con "un órgano de inspección externo a la policía, como ocurre en Roma y en Madrid, integrado por técnicos con y sin estado policial, que estén en constante diálogo con las instituciones".
El comisario general Roberto Rosset evocó al "vigilante de la esquina, que se convertía en un vecino caracterizado, que conocía a todos, hablaba con todos y al que todos conocían por nombre y apellido. Ese agente tenía autoridad – que hoy no la tiene -, que era no sólo legal, sino moral".
"Es necesario reverdecer el prestigio de la Policía Federal, – abundó Rosset – porque esto implica que los hombres que la integran, aumentan su compromiso con la sociedad. ¿Ustedes creen que la policía española o la canadiense son menos corruptas que la Policía Federal?" – preguntó y se preguntó el comisario -, para terminar pontificando: "Toda falta debe ser castigada, pero no hay que exagerar".
Gustavo Palmieri, del CELS, planteó de entrada dos temas que no habían aparecido en boca de los panelistas hasta ese momento: la violencia policial y el respeto por los derechos humanos. "La Policía Federal, en 1997, mataba más que las policías de Río de Janeiro y de San Pablo, que tienen fama de ser policías brutales – planteó -. Pero aquí surge un problema: el aumento de los civiles muertos coincide con el aumento de los policías muertos. Esto tiene que ver con las políticas de seguridad, pero también con la violencia policial".
Mostrando los cuadros de cifras, resultó que sólo el 15 por ciento de los policías muertos lo son en servicio, el resto de los policías mueren estando de franco, y haciendo adicionales o custodias. Además, el 37 por ciento de los muertos son policías retirados que prestan servicios en instituciones privadas.
En este contexto, manifestó finalmente Palmieri, se plantea un debate – que habrá que definir para ver qué tipo de seguridad se prevé – que nace del discurso policial, acerca de "si los derechos humanos son una limitación al accionar de la policía".
Eduardo Thölke. el subsecretario de Seguridad de la Ciudad, dijo, por su parte, que "estamos perplejos frente al tema de la inseguridad. Buenos Aires se siente insegura desde hace unos siete años. En ese lapso, la ciudad cambió mucho. Se produjo la fractura del trabajo, y las estadísticas siempre indicaron que el aumento del desempleo se corresponde con el aumento del delito".
"El Estado ya no es omnipotente – explicó Thölke -, ahora es un articulador, que debe poner en orden los factores, que son la salud, la educación, la seguridad y la justicias, entre otros. Hay un gran déficit en el marco de la justicia porque en nuestro país, sólo el 1 por ciento de los delitos reciben condena".
"Una tarea de prevención implica, aunque por ahora está en pañales, que funcionen los Consejos de Prevención del Delito – amplió el subsecretario de Seguridad -, trabajando en conjunto con la Policía Federal".
Para terminar, Thölke planteó una reflexión: "El clima de inseguridad se formó con una serie de hechos y su posterior interpretación. Volver a la sensación de seguridad implica ver los hechos y volver a interpretarlos. En eso está trabajando la Ciudad de Buenos Aires".
