Este jueves por la tarde la titular de Unión por Todos, Patricia Bullrich, realizó -junto a los diputados Carlos Araujo, Fernanda Ferrero y Jorge San Martino- una conferencia de prensa para presentar los alcances de un fallo judicial por el cual el Gobierno porteño deberá darles subsidios y becas a los menores de 18 años que sean cartoneros.
También estuvieron presentes en la conferencia el ex diputado Fernando Caeiro, jefe del Gabinete de Alternativas para la Ciudad de Buenos Aires, y Miguel Onaindia, Manuel Del Valle, Federico Caeiro, Emilio Raposo Varela, Carlos Ibáñez, Antonio Brailovsky y Alberto Calandrino, también integrantes del mismo.
Bullrich señaló que "como oposición estamos muy contentos porque creemos que hemos echo una tarea muy importante para que los chicos que hoy están revolviendo basura en la Ciudad de Buenos Aires tengan la oportunidad de tener una beca, de tener un subsidio que les reemplacen los ingresos y poder estudiar. Esta es una forma de proponer una solución ahora el Gobierno tiene que actuar de manera rápida. Le hemos pedido una entrevista a Aníbal Ibarra porque creemos que hay que ponerse manos a la obra".
Con respecto a las declaraciones del subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Vensentini, en las que aseguró que Bullrich hace política con los chicos, la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa expresó: "Sí claro, nosotros hacemos política porque es nuestra obligación como coalición política que se presentó en la Ciudad para resguardar los intereses de la ciudadanía. Vensentini debería saber que el gobierno se constituye con oficialismo y con oposición, y que ambas son importantes. Nosotros como oposición seria denunciamos lo que nos parece perjudicial para los porteños".
Ferrero, presidenta de la jefa del bloque Unión para Recrear Buenos Aires, acompañada por numerosos diputados de varios bloques presentó un proyecto de ley que prohíbe la inscripción de menores de 18 años en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables.
Ferrero presentó además un proyecto resolución para que el Gobierno de la Ciudad cese la entrega de credenciales a menores y retire en forma inmediata las 1.700 que ya se han dado a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa señala que el Gobierno arbitrará los medios para la asistencia psicológica y social de los chicos, y asegurará que continúen con sus estudios escolares, disponiendo la entrega de becas para los ciclos primario y secundario.
Durante la conferencia de prensa, Ferrero subrayó "la valentía del juez Augusto Kersman que ha ido en contra de una ley que ya era aberrante y ha hecho justicia, porque esta norma no debería haber existido nunca. Nosotros hemos presentado dos proyectos que tienen preferencia para el 24 de junio, espero que mis colegas realmente le den la importancia a este tema que se merece".
San Martino, por su parte, sostuvo que "la reciente sentencia que condena al Gobierno de la Ciudad a disponer la caducidad inmediata de todas las credenciales que hubieran sido entregadas a los menores de edad que no hubieran cumplido los 15 años, debiendo dar de baja a las mismas del Registro Único de Recuperadores Urbanos, es una muestra elocuente de la aberración jurídica que el Gobierno de Aníbal Ibarra mantiene en la Ciudad. A la vez, intenta advertir a la ciudadanía sobre un acto grave de exclusión social. No porque se ignore la realidad que vivimos, sino porque desde el Estado se debe combatir a la exclusión con armas constitucionales".
VINO EL CONTRAATAQUE
Ni bien terminó la conferencia de prensa, se dio comienzo a la sesión donde, en el período de manifestaciones, varios legisladores castigaron duramente a Bullrich por la presentación judicial que realizó.
Los diputados Milcíades Peña, Vilma Ripoll y Diego Kravetz fueron algunos de los que fustigaron a la ex funcionaria por su postura. Ripoll, en tanto, sacó a relucir que el bloque de Bullrich promueve este tipo de amparos pero, a su vez, está de acuerdo con la baja de imputabilidad de los menores de los 18 a los 16 años.
Milcíades Peña -asesor del ex diputado Eduardo Valdés, autor de la Ley 992 declarada inconstitucional por la Justicia- defendió la norma y al Gobierno de la Ciudad porque en un duro momento para la Ciudad se intentó dar una solución para aquellas personas que tuvieron que volcarse a realizar esta actividad por necesidad.
