El diputado Fernando Finvarb (ARI) presentó un Proyecto de Resolución ante la Legislatura porteña, en el que solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de las funciones que desempeña Roberto Eduardo Radice.
La situación de Radice fue cuestionada recientemente por los miembros de la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR), ya que ostenta el cargo de "interventor" del área de Taxis y Remises en la Secretaría de Tránsito y Transporte y es acusado a la vez por los remiseros de ser propietario de un taxímetro.
En el proyecto, Finvarb solicita al Ejecutivo que aclare si no existe incompatibilidad entre el cargo que ejerce Radice y su actividad como empresario del taxímetro automotor.
La Cámara Argentina de Remises ya había denunciado a Radice, junto con Aníbal Ibarra, Abel Fatala, Raúl Fernández, Horacio Blot y Néstor Bilancieri por los supuestos delitos de desobediencia de autoridad, ejercicio abusivo de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, discriminación y asociación ilícita. Los funcionarios fueron denunciados porque, según la CAAR, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, se negó a reconocer una sentencia de amparo que ordenaba al Gobierno porteño a volver a habilitar remises nuevos. El anterior Jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, desde el 3 de junio de 1998 había prohibido la habilitación de nuevos vehículos, una medida que resultó absolutamente ineficaz, ya que lo único que provocó fue la proliferación de agencias "truchas". Fatala sue acusado también por los remiseros de manifestar que "a mí ningún juez me dice lo que tengo que hacer".
