El jefe de gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra vetó una ley que legitimaba expresamente a la Defensoría del Pueblo porteña para presentar ante la justicia pedidos de inconstitucionalidad contra cualquier tipo de norma emanada de las autoridades de la Ciudad. Aunque prefirió no entrar en polémicas con el gobierno y reconoció el derecho que éste tiene a vetar normas, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, manifestó que la medida se debió a "una decisión política" y que el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo "no quieren que la Defensoría ejerza controles".
La ley que Ibarra vetó es la 707, sancionada el 22 de noviembre del año pasado. En ésta se modificaba la norma de creación de la Defensoría (ley 3) y se le otorgaba a este organismo la atribución expresa de cuestionar ante el Tribunal Superior de Justicia las leyes y decretos de la Ciudad que considerara inconstitucionales.
La decisión gubernamental ya despertó críticas en la Legislatura. Al respecto, la diputada Alicia Pierini (Bloque Justicialista) -que votó a favor de la norma vetada al momento de su sanción- no ocultó su indignación por la decisión de Ibarra.
"En junio de 2000 -relató Pierini- la Legislatura aprobó la ley de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia (ley 402) y allí se estableció claramente que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tenía atribuciones para presentar pedidos de inconstitucionalidad". "Sin embargo -agregó- el Tribunal Superior interpretó que ese organismo no estaba legitimado para actuar de esa manera y, por ese motivo, decidimos modificar la propia ley de creación de la Defensoría para incorporar expresamente esa atribución. Pero ahora el gobierno veta estos cambios y vuelve todo a foja cero".
"Lo más ridículo del caso -continuó Pierini- es que, como la ley 402 establece que cualquier persona física puede presentar el pedido de inconstitucionalidad, si Oliveira se presenta como ciudadana puede interponer el recurso, en cambio, si lo hace como defensora, no. Esto, más que una contradicción, es una manera de deslegitimar la labor de la Defensoría".
Oliveira, por su parte, prefirió tomarse la cuestión con humor. "Le agradezco al gobierno -ironizó- porque, con todo el trabajo que tengo, me quitó la responsabilidad de tener que ocuparme de una gran cantidad de leyes que se sancionan y que son verdaderamente horribles".
