El legislador de Republicanos Unidos (RU) en la Legislatura porteña, Yamil Santoro, presentó el miércoles un proyecto de ley que propone la creación de un Sistema de Reintegro de Gastos Generados por Personas Privadas de la Libertad. Este sistema busca que las personas condenadas con sentencia firme asuman los costos vinculados a su detención en cárceles, alcaldías o comisarías de la Ciudad, computados desde el día de su detención, cuyo valor diario asciende a $27.000 por detenido. Esto representa un gasto mensual de $810.000 por persona y un total de más de $2.200 millones mensuales para el presupuesto porteño.
«Hoy los costos de alojamiento y cuidado de las personas privadas de la libertad recaen completamente sobre los contribuyentes de la Ciudad. Con esta iniciativa, buscamos aliviar esa carga, asignando a los responsables el costo de su detención, siempre bajo principios de dignidad humana y proporcionalidad. Además vale aclarar que muchos de los detenidos en CABA son responsabilidad del Gobierno Nacional, quien debería hacerse cargo de este costo o de llevárselos a prisiones de su jurisdicción», explicó Santoro.
El proyecto establece que la obligación de pago será exigible únicamente a personas con condena firme. Además, quienes no puedan abonar los costos deberán realizar labores generales en los establecimientos donde cumplen su pena, es decir, podrán pagar parte del costo de su detención con trabajo.
Según la propuesta, el gobierno será responsable de calcular el costo diario de detención, establecer métodos de cobro y determinar las labores que podrán realizar los detenidos. «Esta medida no busca ser punitiva ni extender la pena de los condenados, sino promover un equilibrio financiero que permita una mejor asignación de recursos públicos. Haciendo que cada cual se haga responsable de lo que le corresponde», subrayó el legislador liberal.
Asimismo, establece que una vez cubiertos los costos de estadía, los internos podrán inclusive generar más fondos para si al realizar trabajos amparados por la Ley Nacional N° 24.660, que regula la ejecución de la pena privativa de libertad.
Finalmente, Santoro destacó que este sistema podría generar un impacto positivo tanto en la economía de la Ciudad como en la reinserción social de los condenados: «Es una manera de incentivar la responsabilidad individual y aliviar las cuentas públicas sin descuidar el respeto por los derechos humanos y la reintegración social».
