Una encuesta realizada por la consultora Analogías, que dirige Analía del Franco, arrojó como resultado que el 76,8 por ciento de los argentinos se mostraron de acuerdo con el masivo cacerolazo que se realizó el jueves último en las calles de todo el país para cuestionar el aumento en las tarifas de luz, gas y agua potable.
Por el contrario, sólo el 12 por ciento de los interrogados manifestó estar en desacuerdo con la medida de protesta. Entre los adherentes al peronismo, por su parte, la adhesión con la medida se incrementa hasta el 89 por ciento.
Analogías detectó por primera vez un desnivel hacia la negativa en la evaluación del presidente Mauricio Macri, que presentó una cifra negativa del 7,7 por ciento. La desaprobación es mayor entre los sectores sociales más necesitados y en el sur y el oeste del Conurbano bonaerense. Por el contrario, la aceptación hacia la figura presidencial es mayor en la zona norte del Gran Buenos Aires y en la ciudad que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado.
En la franja que transcurre entre los 30 y los 44 años de edad, la desaprobación sobrepasa los cinco puntos, llegando al 56,5 por ciento, con una diferencia negativa de 15 puntos. Entre los mayores de 60 años, Macri cuenta con un diferencial positivo de 13 puntos.
El ministro Juan José Aranguren, por su parte, es el blanco del malhumor argentino: el 69,8 por ciento de las opiniones se distribuyen entre regular, mala y muy mala. Esta última suma el 38 por ciento, con un bajo conocimiento, que suma sólo el 51 por ciento.
Del total de los encuestados, el 36,8 por ciento reconoció haber participado del cacerolazo, que significa una fuerte adhesión hacia la medida. Adicionalmente, el 91,2 por ciento manifestó haber sabido de la protesta. Ambos porcentajes -el 36,8 de participantes y el 91,2 de enterados- son muy altos.
Los interpelados acerca de la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la evaluación de los incrementos tarifarios mostraron una fuerte desconfianza en cuanto a la posibilidad de que ésta suspenda la actuación del Poder Ejecutivo. El 67,1 por ciento considera que el tribunal debe anular los aumentos, contra un 5,2 por ciento que consideró que debe convalidarlos.
En cuanto a las esperanzas de los encuestados, las cifras muestran una clara desconfianza hacia el máximo tribunal. El 42,7 por ciento piensa que la Corte anulará los aumentos; un 15,4 por ciento cree que no se va a pronunciar y el 17,2 por ciento considera que los permitirá. El 24,7 por ciento manifestó que no lo sabe.
