De las últimas 300 consultas, casi el 40% son inquilinos que no juntan el dinero para pagar el alquiler, las expensas y los servicios. La finalización anticipada del contrato, la renegociación en cuotas de las deudas o el acuerdo para sostener el alquiler por unos meses hasta encontrar otra alternativa de vivienda, son los casos más recurrentes en los últimos sesenta días, según el informe del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.
Durante el último año se registró una modificación importante en las consultas formuladas por los inquilinos que se presentan en la Defensoría para ser asesorados. De ser un organismo dedicado a garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes alquilan, se pasó a asistirlos cuando tienen dificultades en asumir los pagos mensuales.
En marzo de 2018, el 21% de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35% y durante los meses de diciembre y enero esa tendencia se acentuó, llegando al 37,01% de los casos. Le siguen: la retención indebida del depósito al finalizar el contrato (20,99%), problemas edilicios (19,21%), consultas previas a alquilar (14,23%), problemas con el intermediario (4,98%) y otras consultas (3,55%).
Dentro de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler, uno de cada tres termina el contrato antes de los dos años, por imposibilidad de sostener el pago. Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, afirmó “Estamos recibiendo familias inquilinas que por no poder seguir pagando el alquiler se mudan a un lugar más chico, más barato, más alejado, evitando por ahora acumular deudas, pero empeorando su calidad de vida. La angustia y frustración por no poder terminar el contrato de alquiler de vivienda es cada vez más frecuente y anticipa momentos críticos para la relación entre inquilinos y propietarios”, declaró el coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, Fernando Muñoz.”.
Una manifestación muy similar de la misma problemática es el de los inquilinos que llegan a la finalización del contrato y no pueden afrontar los precios de la renovación (3,84%). “Habiendo recibido los nuevos precios y sabiendo que no van a poder pagarlos, necesitan una prórroga por dos o tres meses que les dé tiempo a reubicarse, para después afrontar la mudanza y los nuevos valores del mercado inmobiliario”, afirmó Muñoz.
Otro segmento es el de los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler (18,26%) o las expensas (5,76%). Son aquellos que, por alguna situación puntual -como la pérdida de su fuente laboral- no pudieron pagar a tiempo. Generalmente necesitan acordar un plan de cuotas, con el objetivo de evitar un juicio de desalojo. Otros, en tanto, ya llegan con el juicio de desalojo iniciado (6,73%).
También están aquellos que se acercan a consultar si es legal que les aumenten tanto el precio del alquiler y las expensas (17,3%), con la expectativa de que exista alguna legislación que los ampare, y finalmente aquellos que quieren reclamarle al locador porque les aumenta el alquiler por fuera de lo establecido por contrato (2,88%) o porque les cobra expensas extraordinarias (15,38%).
A pesar de la necesidad que tienen los inquilinos de recuperar su depósito en dinero al finalizar el contrato, sigue siendo destacable la cantidad de quejas recibidas por falta de devolución del mismo. Al respecto, Fernando Muñoz afirmó: “La retención indebida del depósito es una expresión más de la búsqueda del mercado inmobiliario de exprimir al máximo la rentabilidad de las viviendas. A esta altura resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan devuelto el depósito sin que lo reclamen insistentemente, ya sea a través de cartas documento, mediaciones u otros mecanismos formales”.
También son numerosos los inquilinos que se presentan con problemas edilicios. Dentro de este subtema, los más recurrentes son los cortes de suministro de gas (29,62%) y los problemas de humedad y/o filtraciones (25,92%), ya que son arreglos costosos y que se demoran en el tiempo. En ambos casos el locador tiene la obligación de realizar las reparaciones, reducir el monto del alquiler y en el caso de corte de gas, equipar la vivienda con artefactos eléctricos mientras perdure la falta de suministro.
En relación a las consultas previas a alquilar, las más frecuentes son las dudas sobre cláusulas contractuales y requisitos que se exigen para firmar un contrato. Sobre esto último es destacable el crecimiento de las consultas vinculadas con los seguros de caución. Estas aseguradoras se han expandido notablemente durante el último año y, según mediciones propias, el 25% de los departamentos ofertados en los portales de búsqueda de inmuebles aceptan este tipo de garantía. En este sentido, la preocupación principal de quienes alquilan está vinculada con los perjuicios que les puede ocasionar contratar a estas empresas.
Así como se confirma la dificultad en sostener el pago del alquiler, también se confirma la reducción de conflictos entre inquilinos e inmobiliarias. Se trata de una tendencia que comenzó tras la sanción de la Ley 5859 (para que la comisión la pague el dueño) en agosto de 2017. Antes de esa legislación, el cobro indebido de comisiones y gastos administrativos era uno de los reclamos principales que tramitaban los inquilinos ante esta Defensoría. A un año y medio de la sanción de esa normativa, este tipo de reclamos descendieron al 4,98%.
