El proyecto Cambiemos pareciera estar llegando a su fin, no esté a punto de perder hipotéticamente una elección –una posibilidad cercana-, sino porque carece de dos virtudes primigenias para cualquier gobierno: reacción política ante una realidad adversa y el manejo de los resortes básicos de la economía, más aún en tiempos de crisis.
Una muestra del desconcierto imperante en el seno de Cambiemos lo dio hace apenas unos pocos días el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, que, entrevistado en un canal de noticias, dejó alguna perlitas casi incomprensibles. Para esclarecer las razones de algunas medidas manifestó, muy suelto de cuerpo, que “hoy estamos administrando una economía kirchnerista”, desatando el asombro de sus interlocutores.
Inmediatamente, debió esforzarse para explicar tamaña afirmación. Su justificación resultó de una sencillez abrumadora. Dijo que la casi segura victoria del Frente de Todos obligó a la administración Macri a encarar medidas “que no están en el ADN económico del Gobierno, sino en el modelo kirchnerista”, en especial, el cepo al dólar y el “reperfilamiento” de deuda que encaró su gobierno ante su imposibilidad de cumplir con el acuerdo con el FMI.
Antes, alegó que “la posibilidad que marcaron las elecciones PASO empeoraron las condiciones de vida que nosotros estábamos trayendo”, por lo que “hoy estamos administrando una economía kirchnerista”, que para su concepción incluye el déficit y el rojo en los balances de los números del Estado.
No sólo eso. El ministro aseguró que los estudios de abogados corporativos más importantes, los que asesoran a las grandes empresas, recomiendan a sus clientes que, ante la posibilidad de que se concrete el Pacto Social que promete Alberto Fernández, deberían “despedir personal ahora, por si después del acuerdo hay doble indemnización”.
Para cerrar el concepto, Sica arguyó que “todos quieren hacer un colchón por si gana Fernández y viene un control de precios”.
El kirchnerismo prolijo
De todos modos, a veces las afirmaciones del presente se encuentran ancladas en el pasado. En la campaña electoral de 2015, la alianza Cambiemos realizó una serie de promesas para conseguir la adhesión de varios millones de argentinos.
En general, la tónica y el lenguaje que utilizó en su campaña Mauricio Macri se emparentaban en ciertos puntos con las doctrinas que enarbolaba el kirchnerismo, aunque se diferenciara claramente de éste en cuanto al “clima de negocios” que planteaba y al manejo de la economía que prometía.
Entre esta serie de planteos, forman parte del acervo político argentino las 20 promesas que lanzó por entonces Mauricio Macri, que conformaron el núcleo de su propuesta a sus votantes.
Prometió, en primer término, que los asalariados no pagarían el Impuesto a las Ganancias, algo que no se concretó después. En segundo lugar, prometió que iba a construir “los 3.000 jardines de infantes que faltan” y tampoco los construyó.
En tercera instancia, ofreció la implementación de un Plan de Primer Empleo para los jóvenes, que se corporizó en un proyecto presentado ante el Congreso y jamás fue tratado. En cuarto término, prometió extender la AUH e incluir en ella a los hijos de los monotributistas y esta promesa la cumplió, efectivamente.
La quinta propuesta de su plataforma fue la de concentrarse en crear más trabajo y cuidar el que ya existía, algo que a todas luces no sucedió. En sexto lugar figura el Plan Belgrano, por el que prometió invertir en el noroeste argentino 16 mil millones de dólares en infraestructura. Hubo obras en la región, pero el Plan jamás contó con presupuesto propio. Todas fueron realizadas por los ministerios respectivos, que no le cedieron al Plan Belgrano más que un espacio en los carteles de obra.
La séptima propuesta era la de enfrentar al narcotráfico. En este rubro, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina continuaron con su tarea de siempre, sin que se hayan conseguido resultados excepcionales. El octavo punto fue el de llegar a la Pobreza Cero, que era incumplible, aunque fuera válido como objetivo o como una hermosa utopía.
En noveno lugar, se ubicó la propuesta de crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. La Agencia no fue creada, pero todas las fuerzas de seguridad lucharon, con variada suerte, contra las organizaciones criminales como siempre lo hicieron. La décima propuesta incluía la creación de Centros de Primera Infancia y centros CONIN en todo el país, que tampoco avanzó demasiado. Se tomaron algunas iniciativas laudables, pero tampoco se puede decir que nada haya cambiado esencialmente en esta realidad. La undécima propuesta fue la de bajar la inflación a un dígito y no es necesario abundar sobre el fracaso en este punto.
La duodécima promesa fue generar un millón de créditos hipotecarios a 30 años para viviendas, destinados a la clase media. Hasta junio de este año, fuentes de la Casa Rosada evaluaban que se habían otorgado unos 115 mil créditos UVA, pero el plan se encuentra en crisis ante la inflación –índice por el que se actualizan los créditos UVA- que no fue nunca contenida en el período de gobierno. El punto décimotercero tenía que ver con desarrollar el plan de infraestructura de la historia, que tampoco merece mayores comentarios para explicar su incumplimiento.
La instalación de más radares y scanners, contenida en el décimocuarto punto tuvo luces y sombras, pero se avanzó sobre el tema y se lo puede dar por cumplido parcialmente. La Policía Judicial prometida en el décimoquinto ítem fue otro fracaso.
La promesa de crear una serie de centros para el tratamiento de las adicciones también se puede catalogar como un logro a medias, ya que se hizo poco para cumplir este punto, ubicado en el puesto 16.
El decimoséptimo punto tenía relación con entregar computadoras para todos los escolares de primer grado, algo que jamás ocurrió. El decimoctavo ítem, estaba referido a la modernización del proceso electoral, dotándolo de sistemas electrónicos. Por suerte no avanzó demasiado en este punto, ya que en el rubro seguridad informática aún el mundo no ha avanzado lo suficiente como para implementar estos sistemas.
Los dos últimos puntos estaban referidos al sistema jurídico-penal. El decimonoveno era la profesionalización de los policías, un ítem en el que hubo avances parciales, referidos en especial a la especialización represiva, algo que no es deseable en los sistemas democráticos.
El último punto fue la implementación de la Ley del Arrepentido, que sí se llevó a cabo, aunque con una larga serie de cuestionamientos por parte del mundo judicial y de los partidos opositores, que acusaron al Gobierno de utilizarlo con fines punitivos contra funcionarios del gobierno anterior.
