Este viernes 10, la provincia de Buenos Aires adherirá al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), actualizado recientemente por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, tras la derogación del expresidente Mauricio Macri.
Se trata de un rotundo cambio de paradigma en territorio bonaerense, ya que la exgobernadora María Eugenia Vidal no solo se encontraba en contra de la legalización y despenalización del aborto, sino que también había vetado, en el marco de un acuerdo con la Iglesia, el aborto no punible por causales, es decir, en caso de ser solicitado por ser el embarazo riesgoso para la vida o salud de la persona gestante, o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Sin embargo, incluso antes de asumir como ministro de Axel Kicillof, Daniel Gollán ya había expresado su intención de adherir a la guía actualizada para la interrupción del embarazo:
“Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República”.
Asimismo, el funcionario expresó: “La ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema”.
La firma se realizó a las 11 en la sede del Ministerio de Salud provincial, en La Plata, y del acto de firma participaron el titular de la cartera sanitaria y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.
En el ámbito nacional, el protocolo de aborto no punible había sido publicado en el Boletín el Oficial el 22 de noviembre el año pasado con la firma del exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y al día siguiente fue vetado por Macri. Luego, bajo el gobierno de Alberto Fernández, su ministro de Salud le agregó algunas modificaciones y expidió otro propio.
En la actualización de González, se dan por sentado derechos consagrados. El texto al que adherirá la Provincia establece que para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que certifique que su situación está alcanzado por los casos comprendidos. En definitiva, es una guía de actuación médica que toma en cuenta el marco jurídico vigente, el código penal que reglamentó las tres causales en 1921 y el fallo FAL de la Corte Suprema 2002 que ratificó su legalidad.
Antes de asumir, cuando resultó electo con el 52 por ciento de los votos frente a Vidal, Kicillof había dejado trascender que la adhesión sería una de las primeras medidas de su gobierno. La decisión lo diferencia notablemente con Vidal, que nunca adhirió ni aplicó el protocolo ILE y hasta encomendó a sus legisladores la tarea de bloquearlo cada vez que se debatiera.
En el 2016 la ministra de Salud provincia, Zulema Ortiz, presentó una resolución ministerial para garantizar la adhesión al protocolo pero fue vetado por Vidal por decreto y se vio obligada a renunciar, aunque luego aclaró que fue por “cuestiones personales”, algo muy similar a lo que sucedió a nivel nacional entre Rubinstein y Macri.
