La acción de amparo presentada en la tarde del pasado martes por cinco ONGs cuestionando el proceso desarrollado para el tratamiento legislativo de las designaciones de los candidatos a autoridades del Ministerio Público (Martín Ocampo como Fiscal General, Horacio Corti para la Defensoría General y Yael Bendel como Asesora General Tutelar) cambió de manos. La jueza Andrea Danas, titular del juzgado N°9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, resolvió excusarse de entender en la causa.
Tras la realización del sorteo, y luego de conocer los planteos del expediente N° 79320 presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Directorio Legislativo, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Poder Ciudadano, la magistrada porteña expuso los motivos de su decisión de apartarse de la causa.
“Sin perjuicio de que aun no ha sido acompañada la documentación que se menciona en el escrito a despacho, me inhibo de entender en las presentes actuaciones en virtud de encontrarme comprendida en el artículo 11, inciso 1° del CCAyT, por ser la presidenta de la Fundación Poder Ciudadano pariente por consanguinidad. Por consiguiente, razones de decoro y delicadeza me imponen apartarme de la presente causa”, expresó la jueza Danas en la nota remitida a la Secretaría General de la Cámara CAyT.
Según informaron fuentes judiciales a Noticias Urbanas, la causa quedó en manos del titular del Juzgado N° 10, Aurelio Ammirato, y recayó en la Secretaría 19, que actualmente ocupa Martín Farrell.
En el amparo en cuestión, las ONGs demandaron al Poder Ejecutivo de la Ciudad por haber incumplido el procedimiento participativo para la presentación de impugnaciones, haber omitido considerar las observaciones que formularon respecto de los candidatos a la Fiscalía General de la Ciudad -Martín Ocampo- y a la Asesoría General Tutelar -Yael Bendel-, y no haber hecho públicos los argumentos que lo llevaron a sostener dichas candidaturas. También demandaron a la Legislatura por haber continuado dicho procedimiento, ignorando en forma explícita la petición que le formularon para que subsane dicha violación normativa y extienda los plazos para nuevas impugnaciones y solicitaron el dictado de una medida cautelar que “mantenga abierto el plazo para la presentación de impugnaciones en le ámbito de la Legislatura” y que “una vez que pueda tenerse por cumplido el plazo para la presentación de las impugnaciones, se reprograme la fecha para la realización de la Audiencia Pública” prevista para el próximo viernes 6 de diciembre.
