Luego de ser seleccionada para investigar las denuncias formuladas en los tribunales de Retiro contra el presidente Javier Milei en relación al caso de la criptomoneda $Libra, la jueza María Servini se retira de la causa y la entrega al fiscal Eduardo Taiano. La información indica que existen entre 14 y 24 presentaciones, aunque no todas ellas son querellas.
En lo que respecta a la primera denuncia, los firmantes ya acudieron a los tribunales federales de Retiro para llevar a cabo el procedimiento y han manifestado su intención de ampliar los argumentos.
La acusación fue presentada por el exdiputado Claudio Lozano junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad. Taiano había estado de licencia hasta este jueves.
Ante las diversas acusaciones, el Poder Ejecutivo decidió establecer una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en el Ministerio de Justicia con el propósito de recopilar información, mediante el Decreto 114/2025 y la firma de Milei.
Así, se instruyó a la Oficina Anticorrupción para que inicie las indagaciones pertinentes con el fin de identificar posibles actos de corrupción vinculados al uso de este activo digital en la Administración Pública Nacional.
De acuerdo con el comunicado oficial, esta acción se lleva a cabo en el marco de los principios de “publicidad y transparencia en la gestión pública”, que permiten a la ciudadanía “ejercer el control democrático sobre las gestiones estatales” y evaluar si los funcionarios cumplen de manera adecuada con sus responsabilidades. El decreto especifica que la UTI tiene la misión de “recopilar los elementos relacionados con el criptoactivo ‘$Libra’ para colaborar de manera ágil y eficiente con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.
Para ello, podrá “solicitar información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, organismos y entidades que forman parte del Sector Público Nacional”, así como requerir información de organismos provinciales, internacionales y de otros países.
Además, el decreto especifica que la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que son competencia exclusiva del Poder Judicial”. Sin embargo, se indica que su función ayudará a “aclarar cualquier irregularidad relacionada con el criptoactivo conocido como ‘$Libra’”.
El texto también subraya que la creación de la unidad investigadora “no generará costo alguno para el Estado Nacional” y que se disolverá una vez que haya concluido su labor.