En medio de la pulseada entre el Gobierno y los movimientos sociales por el reparto de alimentos a los comedores, se fue el funcionario de la Secretaría de Niñez y Familia que estaba a cargo de la distribución de la mercadería.
Se trata de Pablo Rodrigué, un exmiembro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y quien aún no había sido oficializado en la gestión libertaria. La salida sacude al área que encabeza Pablo de la Torre y que funciona bajo la órbita de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.
Rodrigué es un exfuncionario del gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires que estuvo al frente de la Autoridad del Agua (ADA) y que respondía a Rodrigo Aybar, otro funcionario de Niñez y Familia. Hasta la semana pasada, Rodrigué se desempeñaba en la subsecretaría de Políticas Sociales, desde donde se debería digitar el reparto de alimentos.
Rodrigué no se fue solo. Agustín Sánchez Orondo, quien ofició informalmente como director administrativo, se apartó también de sus funciones en medio de una semana marcada por señalamientos externos que, lejos de languidecer, continúan golpeando la estructura de la secretaría. Hoy, por caso, militantes del Movimiento Popular La Dignidad, una agrupación social que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), replicaron la metodología de protesta frente a los supermercados en reclamo de alimentos.
Los desplazamientos no son, en rigor, renuncias, sino alejamientos. Es que Niñez, rodeada de rumores de salidad desde los primeros días de gestión, tiene una estructura tan inestable como flexible. La falta de firmas de muchos de los funcionarios –que no cuentan con designación oficial, como era el caso de Rodrigué–, la entrada y salida de “colaboradores”, el recambio de interlocutores frente a las organizaciones sociales, y las versiones de fricciones internas entre Pettovello y De la Torre –asordinadas por fuentes oficiales– marcan el ritmo de una secretaría que debe absorber los reclamos por la crisis alimentaria.
Las dificultades que atraviesan los comedores sociales, que dejaron de recibir asistencia de la Nación a fines del año pasado como parte del plan de ajuste ordenado por el presidente Javier Milei, derivó en numerosas protestas tanto en cadenas de supermercados como en las mismas oficinas donde trabaja Pettovello. Además, motivó la intervención de la Iglesia, que manifestó su preocupación, y de fuerzas políticas opositoras.
Además, distintas organizaciones -entre las cuales se encuentra la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Infancia en Deuda- emitieron un nuevo comunicado con el que llaman “a las autoridades a reanudar de forma urgente la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios. La alimentación de millones de niñas y niños no puede esperar”.
Al igual que en otros ámbitos del Gobierno, son pocos los funcionarios de bajo rango que pueden acceder a la cima de la estructura libertaria. Desde el Ministerio de Capital Humano desconocieron a muchas de las figuras con roles claves en la secretaría de De la Torre. Tampoco brindaron información sobre el reemplazante de Rodrigué. Su lugar podría ser ocupado por Federico Krajnc, otra exfuncionario bonaerense de la gestión de Vidal, también proveniente de San Miguel, una de las canteras políticas de la secretaría, cuyo jefe político es Joaquín de la Torre, hermano de Pablo.
Auditoría y preocupación
A pesar de los reclamos y de las advertencias de la Iglesia y la oposición, cerca de Pettovello afirmaron que los comedores registrados ya se encuentran recibiendo asistencia. El resto deberán someterse a una auditoría con el fin de transparentar y ordenar los procesos, según precisaron los voceros del ministerio. Esta versión fue desmentida, sin embargo, por muchos dirigentes sociales.
El jueves, en medio de la escalada de presión, Capital Humano renovó un acuerdo con Cáritas por más de 310 millones de pesos para la compra de alimentos. Es que, en línea con la premisa del nuevo esquema de reparto por tarjeta, el ministerio se recuesta sobre la entrega directa de fondos para debilitar a las organizaciones sociales en su cruzada por hacerlas a un lado.
En un segundo comunicado, la Iglesia agradeció el gesto y la confianza. No obstante, se apuró en subrayar la inexistencia de un “acuerdo exclusivo” con el Estado. “Se ha malinterpretado dicho compromiso entendiéndolo como un acuerdo exclusivo entre la Iglesia y el Estado para ser los interlocutores únicos o principales validados en la ayuda a los sectores más vulnerables”, señaló el texto, que añadió: “Hoy nadie puede asumir la cantidad y complejidad del trabajo social de manera individual, y es por eso que insistimos en integrar a todos aquellos que con enorme sensibilidad atienden a los más pobres y en que también se les dé la ayuda necesaria para que puedan seguir haciéndolo”.
El martes, el obispo de Quilmes y director de Cáritas, Carlos Tissera, pidió que el Gobierno “recapacite”. “Primero está la comida de la gente y uno anhela que sea traída por el trabajo, lo lógico sería que los argentinos pudieran comer lo que se ganan. Pero con este porcentaje de pobreza que hay, solucionar el tema alimentario es el principal problema de todos”, expresó el obispo.
Además, la ministra Pettovello firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de cinco millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). “Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia”, indicaron desde la cartera de Capital Humano.