Desde la llegada de Javier Milei al poder, los trabajadores del Ministerio de Capital Humano han sido víctimas de despidos colectivos, que avanzan sin reparos, arrasando sus posibilidades de conseguir la prosperidad prometida en campaña por el que ahora es su jefe de Estado.
En el marco de un ajuste y reestructuración del Estado, el viernes pasadas las 22, justo antes del fin de semana de Carnaval, entre 2500 y 2800 trabajadores recibieron un mensaje vía correo electrónico que decía: “Me dirijo a usted para informarle que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 151/25, a partir del 5 de marzo de 2025, quedará eximido/a de la obligación de asistir a su lugar de trabajo. En los próximos días, le estaremos notificando formalmente los detalles sobre el período de disponibilidad que le corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto N° 1421/02”.
Los recortes no discriminan entre empleados contratados y de planta permanente. En el caso de estos últimos, en lugar de ser despedidos de manera directa, los trabajadores son puestos en disponibilidad. Este traslado implica que, en lugar de recibir un despido inmediato, los empleados tienen un plazo de seis meses para ser reubicados en otro organismo del Estado, pero sin indemnización y sin que se respete su antigüedad, a menos que consigan una vacante en ese tiempo. “Nosotros en 2024 tuvimos 1800 despidos. Fuimos uno de los organismos más afectados en la Administración Pública Nacional”, señaló Ingrid Manfred, Delegada General de La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio.
El desmantelamiento de programas sociales y su impacto
Desde marzo de 2024, cientos de trabajadores se han visto afectados por medidas que reducen el personal en áreas clave, desmantelando, entre otras cosas, la Dirección Nacional de Gestión de Centros de Referencia. En estos puntos se brinda apoyo a las familias en situaciones de vulnerabilidad y facilita trámites y servicios relacionados con la salud, la educación y los derechos laborales. Manfred repudió el hecho. “Derogan gran parte de las áreas de asistencia social directa, de acompañamiento directo y también áreas de programas destinados a proteger los derechos de las infancias y adultos mayores”.
Nayla Kralj es una de las tantas despedidas en esta tercera oleada de desvinculaciones. Explicó que su tarea en los Centros de Referencia consistía en gestionar programas esenciales, como la Asignación Universal por Hijo (Decreto 1602/09), promulgado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2009. Estos espacios funcionan como puntos clave para implementar y gestionar programas del Ministerio en cada región, y son los encargados de supervisar y ordenar las políticas sociales a nivel local. Son fundamentales para que el estado pueda conocer las necesidades del territorio y responder a ellas de manera efectiva.
Ahora quedarán fuera del alcance de muchas personas, especialmente en las provincias del interior. “Destruyeron áreas completas como la mía, y áreas enteras que eran fundamentales en el territorio. Esto es un mensaje claro, el territorio no les importa”, apuntó Kralj. Además, destacó la creciente dificultad que enfrentan las familias de trabajadores para encontrar alternativas laborales en este contexto de recortes.
Según su testimonio, las notificaciones no sólo informaban los despidos, sino también que no podían acceder a sus lugares de trabajo para recuperar sus pertenencias hasta una fecha posterior. “Es una locura. No sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos”, expresó Kralj, extraviada en la incertidumbre. Por su parte, Ingrid Manfred también destacó que el viernes, alrededor de las 22:30 y junto con los despidos vía mail, se anunciaría una nueva estructura de Capital Humano que “todavía no está publicada en el Boletín Oficial, pero que ya está firmada por el presidente de la Nación y por la ministra Petovello”.
Además, subrayó la importancia de destacar que estas medidas vienen acompañadas de la derogación de gran parte de las áreas de asistencia social directa, de acompañamiento directo y también de áreas de programas que instauraron los derechos de las infancias, inclusive también de adultos mayores. Todos los trabajadores que estaban en las áreas que desmantelaron fueron desvinculados, pero también lo fueron en áreas que siguen existiendo. “Hay edificios en los que no quedó nadie”, reveló la delegada.
El impacto social de la política de ajuste
La población que depende de los programas sociales que estos trabajadores administraban quedó prácticamente desmantelada. “Es un plan estratégico para sacar lo que no consideran derechos. Sin estas políticas públicas, la gente no puede acceder a servicios básicos”, destacó Kralj. Es claro que el impacto más grave recae sobre los más vulnerables, como consecuencia de la eliminación de áreas que gestionaban programas esenciales para muchos argentinos.
Hoy, ATE está en pie de lucha. La convocatoria a la movilización del pasado miércoles cinco de marzo, a las 11:00, en el cruce de Moreno y la avenida Nueve de Julio, sacó a la calle a miles de trabajadores que buscan alzar su voz ante estos despidos. La protesta es una lucha por sus puestos de trabajo, y un intento de cuidar los derechos de quienes, día a día, cuentan con estos programas que, para muchos, señalan la diferencia entre comer o no comer, en un país donde las desigualdades sociales se profundizan en cada día que pasa. En cuanto a la negociación por la reincorporación en los puestos de trabajo, la ex empleada estatal señaló que ya “son más de 2000 despidos y no sé si se va a poder. Pero los gremios están presionando”.
El gobierno de Javier Milei, que implementó estos recortes bajo el marco de una política de “racionalización” del gasto público, enfrenta fuertes críticas desde las organizaciones sociales que advierten sobre la creciente desigualdad y el desmantelamiento de derechos básicos. “Cuando el Estado se corre, aparece el Estado represivo”, advirtió Manfred, quien también denunció que este gobierno tiene “la decisión de exterminar todo lo que tenga que ver con la política de asistencia social”.
La semana pasada, la policía reprimió a los trabajadores del Ministerio de Capital Humano, que se manifestaban contra lo que, según la convocatoria oficial de ATE, era “el inminente vencimiento de 2800 contratos en el Ministerio de Capital Humano el próximo 28/02”. En la denuncia, ATE señaló que este ajuste implicaría despidos masivos, la reducción del organismo a su mínima expresión y el “exterminio de todas las políticas sociales destinadas a asistir al pueblo argentino en situaciones de emergencia y vulnerabilidad social”. En medio de la protesta, las fuerzas de seguridad desataron una fuerte represión. ATE Capital expresó en la red social “X” lo ocurrido. “Reprimen a trabajadores y trabajadoras de ATE Capital en el ex Ministerio de Desarrollo Humano, que dirige la cuestionada Sandra Pettovello. Basta de despidos y de cagar a palos a los laburantes”.
Es así que la lucha por la reincorporación de los despedidos va a seguir en pie. “Vamos a seguir insistiendo”, recalcó Manfred. Mientras tanto Kralj concluyó que “esto sólo deja más pobreza, más desigualdad y menos oportunidades para todos”.
Con tantas desigualdades, seguir recortando las herramientas públicas es un ataque directo a los derechos fundamentales de gran parte de la sociedad. Mientras los poderosos siguen jugando con sus reglas, el pueblo sigue resistiendo con sus luchas. Siempre fue así. Y así va a seguir siendo.