En medio de las críticas a la ministra Sandra Pettovello, salió a la luz que uno de los asesores de la cartera que dirige fue el abogado defensor de un hombre condenado por la violación de un menor de edad. Se trata de Ariel Romano y si bien en un principio trascendió que iba a ser designado para la representación de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que “no es ni será” representante legal de la niñez.
La polémica inició cuando se conoció que Romano presuntamente sería designado en el área legal del SENAF. A raíz de esa información, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Freire, presentó un pedido de informes al Ministerio de Capital Humano para que explique, entre otras cosas, si existe algún tipo de incompatibilidad o código de ética entre las funciones del letrado y su recorrido profesional.
El pedido se originó debido a que es el abogado de Leonardo Adrián Díaz, quien fue condenado a diez años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por tratarse de un menor de dieciocho años. Consultados sobre dichos antecedentes, desde la cartera que conduce Pettovello indicaron a este medio que, al ser abogado penalista, “defiende todo tipo de clientes, su matrícula se lo permite”.
“Presentamos un pedido de informes respecto del rol de Ariel Romano como representante legal de la SENAF, del Ministerio de Capital Humano, habiendo sido también abogado defensor de una persona condenada por abuso sexual de un menor en 2013 y la contradicción que representa su rol como representante legal en una secretaría tan sensible que justamente se tiene que dedicar a la defensa de los derechos de los y las menores”, detalló a la legisladora Freire, que hizo la presentación.
Efectivamente Romano no tiene una designación oficial por Boletín Oficial, sin embargo fue designado como representante legal en la causa que involucra a la SENAF por el reclamo de los alimentos a comedores y merenderos. Es decir, que fue designado como representante legal por esa secretaría.
“Desde Capital Humano indican que su matrícula permite defender a todo tipo de cliente y no existe una contradicción en términos legales, todos tienen derecho a una legítima defensa, pero entendemos una incompatibilidad de orden ético y político ya que la problemática de los abusos sexuales en las infancias es un tema sensible, es el sector más desamparado de derechos, por lo que encontrarse de ambos lados del mostrador constituye una aberración desde el punto de vista ético y moral, por lo que pedimos en el informe que se detalle sus antecedentes y sus currículum, y que se evalúe si esos antecedentes no entran en contradicción con el rol designado”, concluyó Freire.
Respecto a la presunta designación en el área de Niñez, negaron que eso fuera cierto. “No tiene ningún cargo en la Secretaría de Niñez ni nunca tuvo. Llegado el caso podría ser apoderado de Niñez, pero la Secretaría tiene sus propios legales”, precisaron. En ese sentido, especificaron que Romano es “asesor y consultor apoderado en el Ministerio de Capital Humano, en la subsecretaría legal”.
Al respecto, el letrado acompañó con su firma a la subsecretaría de legales en cada una de las denuncias que impulsó el Ministerio, incluida la de las contrataciones irregulares. Incluso participó de la audiencia que se desarrolló en Comodoro Py por las denuncias presentadas contra el Gobierno por el escándalo con los alimentos. Fue en ese encuentro donde Juan Grabois denunció que una de las custodias del equipo de seguridad del Ministerio habría asistido armada a los tribunales, además de tener un fuerte cruce tanto con Romano como con Leila Gianni.
“Como dijo la doctora [en referencia a Gianni], en el día de la fecha ya se ha entregado, o se están comenzando a entregar, de próximos vencimientos. Ni siquiera significa que había un delito. Ni siquiera están vencidos, ni siquiera hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que estamos ante una situación completamente atípica”; espetó Romano durante la audiencia.
Sumado a esto, según informó La Nación, Romano también factura ante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por lo que cobra a través del organismo internacional como asesor legal externo. El esquema de la OEI permite contratar personal por fuera de la administración pública. De esa manera, es posible agrandar la planta de empleados sin dejar un registro público.
Sumado a esto, se utiliza ese mecanismo para ensanchar los sueldos de los funcionarios con firma y amplias responsabilidades. Por ese motivo, en las últimas semanas, se abrió la sospecha de que este tipo de contratación sirvió para pagarle el sueldo a funcionarios que no cumplían funciones, lo que está siendo investigado por la Justicia.
En esa línea, los contratos de la OEI quedaron bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia por dos denuncias distintas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano luego de una investigación interna que detectó irregularidades en las contrataciones. Al igual que en casos previos, la denuncia lleva la firma de Gianni y de Romano, a pesar de que este último factura ante el organismo.
